Igualdad ha planteado con esta reforma «dos objetivos ambiciosos», según Morillas: garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública para todas las mujeres y que las chicas de entre 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo lo puedan hacer sin el consentimiento de los padres o tutores. «Es un compromiso político clave que ha sido anunciado y se va a cumplir. Además hemos planteado la necesidad de avanzar en derechos sexuales y reproductivos; desde 2010 -cuando se aprobó la actual ley de plazos- en España hay muchas cuestiones que venían planteándose por parte del movimiento feminista y que ya forman parte del sentido común», asegura la directora.
En este contexto, Igualdad quiere fortalecer los derechos sexuales, «entendiendo que estos son distintos a los reproductivos». Morillas sostiene que España tiene «una deuda» con la educación sexual integral en todas las etapas de la vida y la reforma apuesta por que esté presente desde la educación Infantil, pasando por Primaria y Secundaria. Y que no haya una comunidad autónoma que no garantice este derecho a todos los niños. «En definitiva, que esté incorporada de manera transversal, pero efectiva, en el currículum educativo y que los profesionales dispongan de formación para garantizar que esa educación sexual se da con enfoque de genero, de derechos humanos», subraya.
Pero también Igualdad persigue que esa educación sexual se ofrezca en espacios no formales, que atienda las necesidades de otros colectivos o de otras franjas etarias, como por ejemplo durante el climaterio y la menopausia. La reforma aborda además la salud menstrual y entiende que los productos relacionados con este proceso responden a necesidades básicas de las mujeres, por lo que plantea su distribución gratuita en los centros educativos y de servicios sociales y en las cárceles, entre otros espacios. Para mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva en el embarazo, parto y puerperio, el pasado miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya anunció en sede parlamentaria la inclusión de un «permiso preparto».
Morillas concreta en la entrevista que se tratará de un permiso retribuido y universal a partir de la semana 36 de gestación, para proteger la salud materna. «Hoy lo que ocurre es que las mujeres en el ultimo periodo del embarazo o bien acceden a una IT (situación de incapacidad temporal) por embarazo de riesgo o tienen que adelantar hasta cuatro semanas el permiso de nacimiento». «Todas las mujeres, a partir de la semana 36 y hasta que den a luz, van a tener el derecho reconocido a un permiso retribuido porque entendemos que es la manera de proteger el proceso fisiológico reproductivo; en el ultimo periodo del embarazo es necesario», incide Morillas.
El texto hace, asimismo, «una apuesta fuerte» por que las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad y las buenas prácticas que existen en España en este campo se apliquen en el conjunto del sistema sanitario «para garantizar que hay una atención al parto que se ajusta a los estándares internacionales». Ya avanzó también la ministra, en su comparecencia en la Comisión de Igualdad, que los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia tendrán que contar con profesionales que practiquen abortos. Para garantizarlo, Morillas asegura que habrá un registro de profesionales objetores, como el contemplado en la ley de eutanasia, de forma que las comunidades autónomas conozcan los sanitarios que se acogen a él en sus territorios y puedan organizar los recursos y garantizar el aborto en todos los hospitales como una prestación sanitaria. «Es un instrumento que está avalado, nos permite armonizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo con el de los profesionales a ejercer la objeción», sostiene. Para todas estas medidas desde Igualdad están haciendo «un trabajo de diálogo» con los ministerios implicados.
«Estamos convencidas de que muy pronto podamos tener una propuesta para la tramitación de la reforma, porque hay un compromiso político por parte de todo el Gobierno para eliminar los obstáculos que siguen existiendo para acceder al aborto y ampliar los derechos sexuales y reproductivos que tenemos reconocidos. No hay fisuras en el Gobierno», recalca. Por otra parte, y con el 8 de marzo a la vuelta de la esquina, recuerda que el Consejo de Ministros aprobará ese mismo día el III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que ha culminado el Instituto de las Mujeres y que supone una «estrategia única» para impulsar los cambios institucionales y socioeconómicos que son imprescindibles para la igualdad. La intención de Igualdad para este 8M es reivindicar el feminismo como «un proyecto de país». «Y ahí queremos hacer una interpelación que no solo va dirigida a las mujeres, si no también a los hombres, porque el feminismo hace que hombres y mujeres vivamos mejor», concluye.
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