Según SATSE, los primeros resultados son concluyentes al refrendar que las agresiones, tanto físicas como verbales, afectan a una gran mayoría de estos profesionales sanitarios y que, a pesar del reconocimiento social manifestado al inicio de la pandemia de COVID-19, siguen siendo un grave problema que hay que abordar y resolver con urgencia. El Sindicato de Enfermería subraya que el «entendible hartazgo y frustración» de la población al constatar el «déficit estructural de recursos y medios que tiene la sanidad, y que la pandemia ha empeorado, está propiciando que algunos pacientes y familiares lo estén pagando con unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados pese a llevar ya dos años de lucha contra la pandemia».
En concreto, siete de cada diez enfermeros denuncian haber sufrido una agresión física o verbal por parte de pacientes o familiares en los dos últimos años, «una cifra muy preocupante que, sin duda, sitúa a las agresiones como uno de los principales riegos para su salud física, psicológica y emocional a la hora de desarrollar su labor asistencial y de cuidados», recalca la organización sindical. De igual manera, el 77 por ciento se muestra convencido de que el ambiente laboral y la relación con los pacientes ha empeorado en los últimos tiempos caracterizados por «la fuerte sobrecarga y presión asistencial, así como el claro déficit de plantillas enfermeras, en el conjunto de nuestro sistema sanitario». Ante esta realidad, la práctica totalidad de enfermeros consultados por SATSE en toda España, un 98 por ciento, se muestran partidarios de aprobar una Ley estatal con la finalidad de crear un marco común de actuación a la hora de evitar las agresiones y actuar de la manera más eficaz y efectiva una vez que se han producido.
Una reivindicación que comparte el Sindicato de Enfermería que ya trasladó antes de la pandemia al conjunto de administraciones públicas y a los partidos políticos una propuesta concreta de Ley estatal que contempla más de 50 medidas y acciones en todos los ámbitos y niveles para luchar contra esta lacra que afecta especialmente a las enfermeras y enfermeros. Al respecto, la organización sindical rechaza que cada servicio autonómico de salud «vaya por su cuenta y establezca ciertos protocolos y medidas de manera independiente y descoordinada con el resto de administraciones, lo que lleva a no combatir el problema de manera conjunta, coordinada y eficaz, obteniendo siempre resultados absolutamente insuficientes y discriminatorios».
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