El pasado 25 de marzo, los líderes de la Unión Europea reconocieron que tanto España como Portugal necesitaban un «trato especial» para gestionar los elevados precios de la electricidad por su bajo nivel de interconexión eléctrica con el resto de la región. El acuerdo del Consejo Europeo abrió las puertas a la denominada «excepción ibérica», que consiguió salvar las reticencias iniciales de socios como Alemania y Países Bajos y que aspiraba a que los dos países de la península ibérica pudieran adoptar medidas específicas debido a su condición de «isla energética».
Desde entonces, Madrid y Lisboa han venido trabajando en una propuesta conjunta, que inicialmente consistía en un precio tope de 30 €/MWh para el gas destinado a generación eléctrica, con el objetivo de aliviar el 'rally' alcista en el mercado mayorista de la luz, que repercute directamente en la tarifa regulada o PVPC, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en España. Pero las fluctuaciones del gas, motivadas por el rápido incremento de la demanda de esta materia prima tras la normalización de la actividad económica en la pospandemia y, ahora, por la invasión rusa de Ucrania, también han afectado en estos meses a los consumidores industriales con tarifas indexadas al 'pool', el 80 %.
Después de un mes de espera, España y Portugal anunciaron, a finales de abril, que habían llegado a un «acuerdo político» con la Comisión Europea que incluía la aplicación de un tope inicial de 40 euros/MWh que se estabilizaría en casi 50 euros/MWh durante doce meses. Una vez recibidas las «cartas de conformidad» de Bruselas el pasado viernes, los Gobiernos de ambos países han perfilado las últimas cuestiones «a contrarreloj» para poder dar luz verde al mecanismo esta misma semana, como ha insistido en sus últimas intervenciones públicas la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En la víspera del Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Ejecutivo ha confirmado que el precio tope del gas que se aprobará mañana es de 40 euros/MWh «frente a los 72 euros de ayer o los casi 80 euros de media que ha marcado en el último trimestre. Es la mitad». El mecanismo, que permitirá reducir la factura en torno a un 30 % para un consumidor medio con tarifa indexada al 'pool', «va a tener vigencia durante los próximos doce meses, garantizando un precio medio de 48,8 euros/MWh, lo que va a suponer una importante protección» para los usuarios.
La medida también será aprobada mañana por el Gobierno portugués, «en una muestra más de la estrecha colaboración y coordinación» de los dos gabinetes del mercado ibérico, ha señalado Sánchez, que cree que «el iberismo le sienta bien a Europa y a la construcción europea». Una vez que los dos Ejecutivos den su visto bueno, el mecanismo se remitirá «inmediatamente» a la Comisión Europea, que «debe adoptar una decisión del colegio de comisarios para hacer efectiva su aplicación», según ha explicado estos días la ministra Ribera. A tenor de la también vicepresidenta tercera del Gobierno, la idea es que este sistema esté «plenamente operativo en unos pocos días, en unas semanas».
3 comentarios
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Y el diferencial entre ese tope y lo real, lo repercutirá a los clientes de la tarifa del mercado libre, todo un lince el mediocre este.
Antonio deberías ACLARAR qué eso SÓLO AFECTARÁ a los que tienen la tarifa de último recurso. La MAYORÍA SEGUIRÁ PAGANDO IGUAL. Venga ministros a DECIR LA VERDAD y no OCULTARLA con palabritas como Indexar al pool ( ver artículo )
MENTIROSOOOOOO, vendedor de humo, todo lo que hace es para empeorar España. disfrutas de hacer el mal a los españoles.