«La confianza, la seguridad jurídica en estos momentos debe estar por encima de la demagogia y las medidas populistas que no atajan el problema de la inflación», ha indicado Amor en un tuit. Tras los anuncios efectuados por Sánchez, las organizaciones han incidido en que la inversión requiere de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. Las organizaciones patronales también han afeado que las medidas se han adoptado sin consulta previa en el marco del diálogo social.
«Las empresas españolas queremos recalcar que alcanzar acuerdos significa antes de todo escuchar y considerar la situación de todas las partes», han incidido las organizaciones, que han indicado que el Gobierno ha preferido adoptar medidas «de manera unilateral y después buscar un pacto, en el que, por otra parte, deberían participar también los grupos políticos». Las organizaciones empresariale han incidido en que el incremento «desbocado» de la inflación supone «un grave perjuicio y un empobrecimiento para todos, tanto para las familias como para las empresas y sus trabajadores».
En este sentido, las patronales han señalado que las empresas han visto recortados sus beneficios en 100.000 millones de euros entre los años 2020 y 2021, y en casi 7.000 en lo que va de año, según datos de Contabilidad Nacional. Asimismo, han recalcado que mientras que cerca del 77 % de las empresas ha experimentado un aumento adicional en sus costes de producción como consecuencia del encarecimiento de sus consumos intermedios, solo algo más del 38% lo han trasladado a precios finales.
No obstante, CEOE y Cepyme han dejado claro que están dispuestas a buscar soluciones a esta situación, si entre todos se asume los costes de la crisis y no haciéndolos recaer «solo sobre las empresas en forma de medidas parciales o subidas de impuestos». «Queremos ser parte de la solución y no que se nos considere como un problema», han apostillado las organizaciones, que han agregado que en un escenario de subida de tipos de interés, la creación de nuevos tributos a la carta supone «una barrera añadida para las empresas españolas, especialmente pymes y autonómos, en el ansiado camino hacia la recuperación».
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