Según publicó el pasado día 7 el diario El País en mayo de 2017 Villarejo mantuvo una conversación con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que aseguraba tener «un tema de la hostia contra Podemos» y en la que la ministra de Defensa en ese momento le respondía: «Eso es una bomba. Yo lo quiero». Villarejo le contó: «Tenía un coronel del servicio secreto venezolano que me iba a dar unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos ¡en Venezuela!», a lo que Cospedal le dice: «Joder, eso es una bomba», según la citada publicación.
En su escrito Podemos pide al juez que aclare por qué ese material no ha sido incorporado al sumario a pesar de la «evidente relevancia para el objeto de la investigación» y si hay más grabaciones de igual importancia que estén en posesión de la unidad de apoyo policial al Juzgado. En declaraciones a los periodistas, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha señalado que piden una explicación a García Castellón, máxime cuando «como todo el mundo sabe que el juez ha permitido que Cospedal se vaya de rositas» y ahora se conocen unos audios suyos con el excomisario que, según ha asegurado, habían sido intervenidos por la Policía y que la implican en «una trama mafiosa».
Para Echenique tiene «mala pinta» que no se hayan incorporado a la causa esos audios ni tampoco los de Ferreras. «Creo que no hace falta ser juez o policía para darse cuenta que esto debería tener interés en la causa y sin embargo no se han incorporado», ha observado. Ante estos interrogantes, ha dicho que espera del juez «una explicación convincente» ante un asunto que, ha insistido, «nos parece gravísimo». Lo dice también Podemos en su escrito: «esta situación es muy grave al haber desimputado el juez García Castellón a Cospedal a pesar de existir audios en los que se escucha la conspiración de la exdirigente con Villarejo». Sobre el contenido de los audios, denuncia que en varias de las conversaciones que han sido publicadas «Villarejo presuntamente pone en conocimiento de la entonces ministra de Defensa unas supuestas pesquisas llevadas a cabo por determinados mandos policiales al margen de todo control judicial consistentes en fabricar informes y pruebas falsas» para «buscar la ruina» a Podemos y a varios de sus dirigentes.
Añade que esas informaciones falsas fueron después entregadas «desde esas mismas instancias policiales a determinados medios digitales con el objetivo de desprestigiar a rivales políticos en un contexto de contienda electoral». Podemos califica de «reveladora» la conversación de Villarejo con el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, que afirma que «tampoco es muy costoso meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace cinco años y luego que expliquen» o con «profesionales de la comunicación como Mauricio Casals o Antonio García Ferreras, que reconoce en dichas grabaciones que las informaciones que se emitieron desde su medio eran falsas». El caso Kitchen comenzó a instruirse como una pieza dentro del procedimiento seguido por las supuestas actividades delictivas de Villarejo para investigar un presunto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, condenado en el caso de corrupción vinculado al Partido Popular conocido como Gürtel, para sustraerle documentos que pudieran estar relacionados con este asunto.
El apunte
Una «explicación convincente»
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