Los exjefes de ETA se niegan a declarar ante el juez del caso Miguel Ángel Blanco

En el caso de 'Anboto', que también ha descartado responder a todas las preguntas, la exjefa de ETA se ha referido al principio de especialidad tras recordar que fue entregada por Francia por hechos distintos a los que se investigan en esta causa. Así las cosas, la letrada de ambos etarras ha criticado la «cascada» de procedimientos que se están abriendo en los últimos meses en la Audiencia Nacional y que, a su juicio, «no tienen base ni en la legislación ni en la jurisprudencia».

La abogada se ha referido de esta forma a la reapertura de causas judiciales que ahondan en la presunta responsabilidad de los integrantes de la cúpula de ETA en algunos de los asesinatos más impactantes de la organización, como el del propio Miguel Ángel Blanco. A su juicio, este impulso a las pesquisas está «fuera de cualquier tiempo». «Si antes se hacía con la excusa de luchar contra ETA, ahora solo se puede hacer por venganza y para ganar en el territorio de la Audiencia Nacional la batalla del relato que no consiguen ganar en lo político y lo social», ha sostenido. Según ha señalado, este tipo de citaciones «suponen desde el punto de vista de los derechos y jurídico una situación excepcional y un atropello».

«Nos traen al recuerdo de los peores tiempos de la llamada ingeniería jurídica que se creaban imputaciones de la nada y donde un informe de la Guardia Civil valía más que lo que decía un juez», ha lamentado. Tras la comparecencia, la Asociación Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el Partido Popular -que ejercen la acusación popular- han solicitado al instructor, Manuel García Castellón, que acuerde la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de territorio nacional para 'Mikel Antza', que se encuentra en libertad. 'Anboto', por su parte, cumple condena en prisión, desde la que ha declarado por videoconferencia.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya retiró a 'Mikel Antza' el pasado mes de diciembre su pasaporte, prohibiéndole asimismo salir de territorio nacional sin autorización judicial. Fue, en concreto, tras su declaración en otra causa, en la que el magistrado Alejandro Abascal indaga en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez (PP) el 23 de enero de 1995. Para la abogada de la Asociación Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, estas citaciones suponen un hilo de «esperanza» para las víctimas. Según ha señalado, el impulso de estas causas contra los exdirigentes de ETA suponen «un soplo de aire fresco» por parte de la Justicia a pesar de la «situación política actual». «Ha quedado claro que (los jueces) van de manera independiente».

«Hay jueces valientes, dispuestos a investigar al comité ejecutivo de ETA, por hechos tan deleznables como el secuestro y posterior asesinato de una persona. Evidentemente no dependía de la decisión de los miembros de un comando, sino que venia parte del comité ejecutivo y que como tal hay que investigar a sus integrantes» ha afirmado. Fue el pasado mes de marzo cuando el juez García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

En su escrito, la asociación dirigía su acusación contra los nueve jefes de la banda en el momento de los hechos: Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren, alias 'Kantauri'; María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'; Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; y Asier Oyarzabal, alias 'Baltza'. Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales. En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos «planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco».