Ha criticado que «jamás se había encontrado una persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada por parte del fisco, ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio». Además, reprocha que la Fiscalía no ha aportado pruebas directas para sostener su acusación y «ha mantenido una actitud del todo intransigente a lo largo de toda la instrucción». «La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en mis giras internacionales y en 'The Voice' cuando aún no era residente en España, y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos», ha afirmado la artista en declaraciones recogidas en el comunicado. La cantante y su equipo se han mostrado convencidos de su inocencia y confiados en que el juicio les dará la razón, «a sabiendas de que la Agencia gasta millones en este tipo de persecuciones y pierde uno de cada dos pleitos con sus contribuyentes».
En mayo, la Audiencia de Barcelona avaló procesar a la cantante por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, con un total de 14,5 millones de euros, como ya había decidido antes el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona). En esta causa está en cuestión si la cantante supuestamente dejó de tributar en España en 2012, 2013 y 2014 a pesar de estar obligada a hacerlo porque es donde tenía su residencia fiscal, ya que había estado en el país más de 183 días al año. En este punto, la defensa de la artista argumentó que en ese momento era residente en Bahamas, y ahora reprocha que solo se ha intentado demostrar «su permanencia durante ciertos días, pero ni de lejos lo que exige la ley para considerarse residente» en España. En el comunicado de este miércoles, la defensa considera que la Fiscalía ha «abusado de un concepto jurídico indeterminado, como es el de las ausencias esporádicas, sobre la base de una cuestión técnicamente discutible de quien ni siquiera devenga en España ya que sus beneficios provienen del exterior en donde trabaja y ejerce su profesión».
El juez que la procesó lo hizo rechazando la versión de la defensa, según la cual en ese momento no residía en España, y recordó que en mayo de 2012 Shakira se compró una casa y empezó a hacerle obras, alquiló un estudio de grabación durante un año y se hizo seguimiento de su embarazo en una clínica de Barcelona. El instructor y los jueces de la Audiencia de Barcelona, que avalaron procesarla, creen que en la causa hay «elementos suficientes» de que Shakira había fijado su residencia habitual en España, y que permaneció 183 días físicamente en España al margen de las salidas que pudieran considerarse ocasionales, puntuales o esporádicas. En concreto, los tributos que Shakira supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) --con un total de 12.371.197 euros-- y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) --2.191.771 euros--, sumando entre los dos un total de 14.562.968 euros.
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