Derechos Sociales propone a las CCAA el reparto de 400 menores migrantes no acompañados en 2022

Según precisa el texto, el número de menores de edad acogidos deberá representar «al menos un 150%» de las plazas disponibles en el sistema y dicha sobreocupación deberá haberse producido por ingresos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en el Sistema de Protección. De esta forma, el modelo pretende «reforzar» el sistema existente y abordar las situaciones de crisis migratorias que se puedan producir ante un flujo de llegadas, repentino o paulatino, de un gran número de personas menores de 18 años. Una vez sea declarada la situación de crisis migratoria por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, se constituirá la Comisión para el Plan de Respuesta, compuesta por las CCAA y ciudades autónomas que hayan decidido participar en dicho plan, además de la comunidad o ciudad autónoma en la que se ha declarado dicha contingencia.

Además, se prevé la creación de un sistema de información común integrado que, por un lado, permita hacer un seguimiento preciso del itinerario de la persona menor de edad en el territorio nacional y determinar con agilidad las plazas libres, las bajas, fugas y desplazamientos; y, por otro, tener un mapa de recursos para saber en cada momento los recursos estables existentes. La adscripción de las distintas CCAA a cada Plan de respuesta será voluntaria, según precisa el texto. Así, aquellas que se vinculen tendrán la obligación de aceptar una cuota mínima de menores no acompañados bajo el mecanismo de derivación y reparto pero, al mismo tiempo, tendrán acceso exclusivo a los fondos de apoyo y recursos financieros adicionales así como a fondos europeos. De acuerdo con el modelo de Derechos Sociales, el esfuerzo para atender a los niños y niñas que estén por encima de la capacidad del sistema, se repartirá entre la comunidad autónoma de origen que asumirá entre un 25% y un 50% de esa sobreocupación y el modelo de reparto que asumirá entre el 75% y el 50%.

Consentimiento por escrito del menor

En todos los casos, el único requisito obligatorio antes de cualquier derivación será la realización de una entrevista individual del interés superior del menor y su correspondiente informe. Así, el menor deberá haber sido informado, escuchado y haber expresado su acuerdo para el traslado «con la firma de un consentimiento por escrito» en el que figure el recurso y localización de destino. De acuerdo con este modelo, la Comunidad Autónoma de Canarias y la ciudad de Ceuta han solicitado la activación del Plan de Respuesta por considerar que se encuentran dentro de las circunstancias recogidas para declarar la contingencia migratoria, pues se cumple el requisito de una sobreocupación por encima del 50% de las plazas disponibles con carácter ordinario.

Según se detalla en el Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 de Derechos Sociales, Canarias tiene 1.182 plazas ordinarias y 3.313 menores acogidos, lo que representa una sobreocupación del 180%; y Ceuta tiene 88 plazas frente a 306 menores acogidos (sopreocupación del 247%). Puesto que tanto el presupuesto para el ejercicio 2022 como el número de plazas disponibles en las CCAA de destino es limitado, el Ministerio de Derechos Sociales propone que el número meta se divida en dos fases, que comprendan los años de 2022 y 2023. Para el año 2022 se propone activar el sistema de reparto del Plan de Respuesta con un número meta de 400 traslados (340 de Canarias y 60 de Ceuta) y de 374 para 2023 (342 de Canarias y 32 de Ceuta).

De acuerdo con los criterios de población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo en atención a menores migrantes no acompañados y dispersión, las CCAA que más menores deberían acoger en 2022 serían: La Rioja (36), Galicia (35), Madrid (30) y Cataluña (30); y las que menos: Navarra (15), Murcia (17), País Vasco (18) y Baleares (18). Según se indica en la distribución del segundo reparto del crédito, el presupuesto disponible es de 20 millones de euros, una vez que ya se acordó el reparto previo de 15 millones de euros a Canarias, Ceuta y Melilla de la partida prevista en los PGE para 2022. De estos 20 millones de euros, las CCAA que más recibirían serían: La Rioja (1,9 millones de euros), Galicia (1,86 millones) y Cataluña y Madrid (con 1,5 millones cada una).