Las fuerzas de seguridad del Estado reciben de media un millar de denuncias de acoso (lesiones, amenazas, trato degradante...), pero organizaciones como Save The Children, la UNESCO y Amnistía Internacional elevan los casos entre el medio millón y los tres millones de niños españoles afectados por este tipo de maltrato. Según Amnistía, el 96% de los casos identificados como sospechosos de acoso que recibió el número de atención telefónica del Ministerio de Educación (900 018 018) en sus dos primeros años de funcionamiento (2017 y 2018) no fueron denunciados a la inspección educativa.
Aparte de la disparidad de cifras, los protocolos que se aplican tampoco avanzan en atajar el problema, ya que muchas veces «se cierran en falso», añade Pérez-Carrillo, cuya organización, formada por psicólogos, pedagogos y educadores sociales, ha atendido a más de 4.000 víctimas de acoso en sus quince años de funcionamiento. Uno de los problemas de los protocolos es que el propio centro educativo es «juez y parte» del proceso y su interés es que «no trascienda», «ocultando información a la Inspección de Educación, a quien le llega el informe de modo sesgado y acaba por desestimarlo».
«El sistema es hoy un fraude institucionalizado que deja en la indefensión absoluta a la familia y a la víctima; lo habitual es que los padres desistan y cambien a su hijo de colegio». Si el traslado es de un centro público a otro público se suma la dificultad de que el cambio debe justificarse y si el acoso no se ha reconocido «se ven obligados a buscar un concertado/privado». Tampoco funciona la atención psicológica al menor maltratado, ya que suele llegar tarde y con una periodicidad insuficiente, explica Pérez-Carrillo, que recuerda que hace unos días le llegó una madre a cuya hija daban cita en seis meses y le ofrecían una consulta mensual en salud mental .
Critica además que los centros no midan la incidencia del acoso, su personal docente carezca de la adecuada formación y la confidencialidad del protocolo, con lo que las familias no tienen posibilidad de asegurarse de que el relato del centro coincide con lo que su hijo ha testimoniado y sufrido.
Todo lo que está ocurriendo son «despropósitos que se conocen perfectamente», señala el presidente de AEPAE, en cuya opinión se necesita una ley específica de ámbito estatal y un plan nacional de prevención e intervención, donde se responsabilice a las personas que hacen dejación de sus funciones, junto a recursos y protocolos mejorados.
Su asociación ofrece en su página web un test «online» y anónimo para que la víctima pueda evaluar por sí misma -a través de preguntas- si está padeciendo maltrato y en qué grado de gravedad.
Si el resultado es el nivel rojo, la recomendación es comunicarlo de forma inmediata al centro educativo y aportar el mayor número de pruebas (pantallazos, parte de lesiones, informe del psicólogo etc). Se entiende por acoso cuando el maltrato es reiterado, tres o más veces. «Si se pueden concretar tres ocasiones seguramente han sido más, porque normalmente se oculta a los ojos del adulto», concluye el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar.
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En los colegios deberían haber cámaras y vigilancia. Cada día pasan inadvertidas cientos o miles de agresiones por no estar vigilando nadie a los alumnos, agresiones que no se denuncian por miedo o que cuando se hacen normalmente se les resta importancia o se cumpabiliza a la víctima.