Además de la pena de prisión, pide una multa de más de 950 millones de euros para el histórico narcotraficante Prado Bugallo, a quien sitúa en el liderazgo de una organización criminal y acusa de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y otro continuado de falsificación. Por estos dos últimos delitos el fiscal acusa también a Gonzalo Boye, quien ha defendido también al expresidente catalán Quim Torra y a quien reclama al menos 3,1 millones de euros de multa, por contribuir, junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 € que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.
Según el fiscal, Boye presentó contratos de compraventa en un expediente administrativo «a sabiendas de su falsedad y de que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico». En el momento en el que se iniciaron las pesquisas, en febrero de 2016, Prado Bugallo se encontraba cumpliendo una condena de 16 años y 10 meses de prisión por un delito contra la salud pública, en régimen de tercer grado, que le permitía trabajar en un parking de Algeciras.
Sin embargo, el fiscal tiene claro que «su única y verdadera actividad profesional» seguía siendo el narcotráfico hasta tal punto de que éste era «su modus vivendi de manera continuada y estable» y por ello «mantenía sus contactos y la confianza de las organizaciones suministradoras de la droga en Suramérica y disponía de la logística material necesaria para acometer estas operaciones».
Fruto de la investigación desplegada, los investigadores consiguieron identificar dos operaciones concretas a través de las cuales Sito Miñanco «y el entramado que lideraba pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España»: una de octubre de 2017 cuando se transportaba 3,3 toneladas de cocaína y que acabó con la detención de siete tripulantes, y otra un mes después, cuando se consiguió la aprehensión de un contenedor de cocaína en Holanda que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.
El fiscal destaca la «naturaleza eminentemente personalista» de Prado Bugallo dentro de la organización aunque, para no levantar sospechas y dado que tenía limitados sus desplazamientos al estar cumpliendo condena, se sirvió, dice, de dos personas de su máxima confianza: Luis Enrique García Arango, alias «alan» o «el viejito» y Juan Antonio Fernández, alias «chus» o «nuria», a quienes confió «los pormenores de las distintas operaciones criminales». Para García Arango el fiscal pide 22 años de prisión y 17 y tres meses para Fernández.
2 comentarios
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Este delincuente filoetarra chileno, llamado Boye, ya fue condenado por complicidad con la banda asesina vasca. Ahora se le va a condenar de nuevo por su implicación con el negoco del narcotráfico gallego. La pregunta clave es ¿Cómo es posible que a semejante facineroso, siempre relacionado con el crimen al más alto nivel, se le permita ejercer tranquilamente nada menos que como abogado? Y además, abogado especializado en trabajar para criminales fugados como el cobarde golpista Puigdemont, o el delincuente Valtonyc, reclamados ambos por el Tribunal Supremo de España por graves delitos. ¿Alguien se imagina que en cualquier país serio, por ejemplo Canadá, USA o Gran Bretaña, Australia, etc, un sujeto con ese historial criminal podría ejercer en el ámbito del Derecho y la Justicia? España es como siempre la anomalía en cuestiones de política, dignidad, justicia y cultura democrática.
A ver si de una vez condenan a Boye y cumple una buena condena, de paso que le hagan pagar la deuda por la anterior condena... Este señor es un delincuente que chuleta al estado..