Tras recalcar la «intencionalidad política» del juicio, ha insistido en su inocencia y en que está muy orgullosa de su gestión al frente de a ILC, y ha cargado contra la decisión de Fiscalía de pedir para ella una condena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. «Es un ejemplo de desmedida y desproporción. Hay una voluntad de perseguir un rival político. Tengo 52 años, soy profesora universitaria desde hace 27 años. Pedirme 21 años de inhabilitación es querer quitarme de la circulación publica, política y puede que universitaria», ha sostenido.
Además de apuntar que no hay nadie en el Estado al que se le pida esta condena por supuestamente fraccionar contratos, ha añadido que se debería tratar como una irregularidad administrativa y no como «una causa penal». Ha preguntado cómo puede ser que a la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, se le pida un año de inhabilitación por desobediencia en el 1-O y a ella le pidan 21 por un supuesto fraccionamiento de contratos, que ella niega.
«La gente me pregunta cómo aguanto. Aguanto por pura indignación. Es muy grave que te hagan quedar y quieran pretender que has hecho cosas que no has hecho. Lo defenderé hasta las ultimas consecuencias», ha avisado Borràs, que ha cuestionado que le juzguen magistrados como el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, al que intentó recusar sin éxito. Pese a asegurar que personas de la magistratura le dicen que no tendrá un juicio justo, confía en que su defensa «destruirá las acusaciones falsas y se verá la persecución» de la que ha sido objeto, ha dicho. Según Borràs, el único resultado que debería salir del juicio es su absolución y ha reivindicado el hecho de «no haber claudicado ni rendido ante todas la presiones» que ha recibido y que le han afectado personalmente y a su entorno.
También ha criticado que se filtrara que su defensa contrató al perito Emilio Hellín, ahora Luis Enrique, condenado por asesinar a la militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, algo que ha atribuido a una voluntad de que retiraran el informe que quieren presentar sobre los correos electrónicos que se vinculan a la causa.
La dirigente de Junts ha asegurado que la prueba pericial es decisiva porque «cuestiona la autenticidad y la integridad» de los correos electrónicos y explica cómo se obtuvieron y que no se respetó la cadena de custodia. Por ello, ha subrayado que no retirarán el informe, ha lamentado que ahora se quiera «perseguir» a su abogado, Gonzalo Boye, y ha querido añadir que también le detectaron que tenía instalado el software Pegasus en su ordenador desde mayo de 2017.
3 comentarios
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Tengo reservada una botella de buenísimo cava extremeño para celebrar el feliz día que por fin veamos a esa delincuente golpista y ladrona entrando en prisión.
Y menos ahora que el Gran Embustero va a despenalizar la malversación. ¡¡¡Corruptos a la carcel!!!
El chiringuito, el chiringuito....