Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha enviado esta tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León en el que se solicita que "se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Cita en concreto la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo, y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre interrupción voluntaria del embarazo. Añade que, "en caso de haber sido esta ya adoptada, cese de inmediato cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer que ha decidido abortar o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico". También exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas. Además, insta a comunicar de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas. En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales a la vista de que las medidas anunciadas asegura que pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico. Explica el Ejecutivo que esas nuevas acciones se pondrán en marcha dado que la aplicación de las medidas anunciadas podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esas comunidad.
El Gobierno ha reaccionado de esta forma ante los cambios en el protocolo de Castilla y León en materia de abortos que implican que los ginecólogos deriven directamente a salud mental a las mujeres embarazadas que se planteen interrumpir su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del bebé entre las semanas sexta y novena e incorporar las ecografías 4D, que se hacen en la última etapa de la gestación, a la cartera de servicios. Unos cambios avanzados por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, que posteriormente fue corregido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, quien recalcó la voluntariedad de estas medidas y negó además que su objetivo fuera antiabortista. Ante los nuevos protocolos, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ya adelantó el viernes que su partido ejercería acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento por administraciones o personas a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos.
3 comentarios
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Me gustaría que el GOBIERNO PSOE EXTREMA IZQUIERDA hubiese actuado NO YA CON LA MISMA RAPIDEZ sino SOLAMENTE QUE HUBIERA ACTUADO DE ALGUNA MANERA en este caso: 1) HACER CUMPLIR EN CATALUÑA LA LEY DEL 25% de la enseñanza que en ESPAÑOL ( una sentencia del 23 NOV 2021 y que GENERALITAT DECRETO INCUMPLIR POR DECRETO el 30 MAY 2022) Hay mas casos sangrantes, parecido a este, que MUESTRAN LA INESTABILIDAD de los CRITERIOS SEGUIDOS POR ESTE GOBIERO PSOE ULTRA IZQUIERDA
EL GOBIERNO SANCHEZ DEBERIA SABER QUE UN ABORTO ES UNA DECISION MUY DIFICIL QUE NUNCA DEBERIA SER FRIVOLIZADO, QUE TRASCIENDE LAS LEYES, Y QUE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA DEBERIAN SER PLANTEADOS A LA GESTANTE PARA QUE ESTA TOME LA DECISION QUE CREE MAS CORRECTA. Teme el GOBIERNO PSOE ULTRA IZQUIERDA que las personas sean informadas de una manera REAL?
Sin duda si siguen adelante esos rompe-España de verdad, el gobierno sin dudarlo aplicará el artículo 155 de la Constitución Española, si siguen adelante con lo del aborto, que precisamente este artículo 155, está redactado para eso: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras LEYES le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general" Para ello tiene que haber avisado al Presidente de la CA en ese caso la de CL ¡Y el aviso ya se ha efectuado! ahora que la derecha ultra y la ultraderecha le hagan un pulso al Gobierno si se atreven. ¿Acaso no son constitucionalistas los de derechas? si, solo cuando les conviene.