La titular del Juzgado de instrucción número 18 de Barcelona también ha citado a declarar como investigados por los mismos delitos el 10 de marzo al concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, a la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento. La jueza investiga la querella de Vauras Investment, que acusa a Colau y a los otros tres denunciados de presionarles para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la «amenaza» de no concederles licencias de obras.
En noviembre de 2020, la jueza no admitió a tramite esta misma querella ni practicó diligencias porque no vio ningún indicio de delito, como tampoco lo vio la Fiscalía cuando Vauras apeló, pero, en abril del año pasado, la Audiencia Provincial de Barcelona le ordenó reabrir la investigación y citar a declarar a los denunciados. En declaraciones a los medios, la alcaldesa ha manifestado este martes estar «muy tranquila» y convencida de que la querella será «archivada de nuevo» y «quedará en nada», pero ha confesado también estar sorprendida porque la citen a declarar «cerca de las elecciones» y sin que ella sea «relacionable» con ninguno de los hechos.
Para Colau, esta querella, que ha subrayado «ya estaba archivada», responde al «patrón» de mal uso de la justicia que usan los «sectores económicos especulativos» para «intimidar» a quienes pretenden proteger a la ciudadanía de sus abusos de poder. «Lo que buscan es conseguir titulares y la imagen de una alcaldesa que tiene que ir a declarar», ha señalado. Colau ha comparecido acompañada de los otros dos concejales imputados, la concejal de Vivienda, Lucia Martín, y el de Derechos Civiles, Marc Serra, que es también concejal de Sants-Montjuïc, distrito en el que se encuentra el Bloque Llavors.
Serra ha considerado que lo que hay tras esta querella es un «interés político de desgaste de un gobierno valiente» y ha señalado que «cuesta entender» que la juez cite a declarar a la alcaldesa como investigada «cuando no ha intervenido en ningún momento» por lo que está en una situación de «imposible autoría». Por su parte, la concejala de Vivienda ha manifestado que el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto unos 40 expedientes por incumplimiento de la ley catalana de emergencia habitacional desde 2019 como el del Bloc Llavors y solo en éste se ha encontrado con una querella penal. También ha explicado que Vauras «acumula otros episodios de irregularidades» en la ciudad y «un histórico de prácticas especulativas muy agresivas».
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