Llarena pide a la Fiscalía y la Abogacía que se pronuncien sobre la orden de detención contra Ponsatí

En una resolución dictada este mismo lunes, el magistrado de Tribunal Supremo señala que, «considerando lo dispuesto en el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM)», debe oírse a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la representación de la acusación popular -ejercida por Vox-, para lo que les da un plazo de cinco días.

El artículo 487 de la LECRIM establece que, «si el citado, con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior, no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención». Llarena da esos mismos cinco días a Ponsatí para que aporte «justificación documental» de haber presentado una demanda de amparo en la Eurocámara -reivindicando su inmunidad como diputada europea- tras ser detenida el pasado 28 de marzo, una de las razones que ha esgrimido la ex consejera para no acudir este lunes al Supremo.

El magistrado citó a Ponsatí después de que el 28 de marzo se presentara en Barcelona desoyendo su obligación de comparecer ante el TS para que Llarena pudiera comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, tomarle declaración y continuar así con el procedimiento penal, paralizado hasta entonces por encontrarse prófuga en Bruselas.

Ese día, tras ser detenida por los Mossos d'Esquadra y llevada ante un juzgado de guardia de Barcelona, en virtud de la orden de detención nacional que tenía vigente, Llarena acordó dejarla en libertad y citarla para este 24 de abril. Ahora, a la espera de lo que respondan Fiscalía y Abogacía del Estado, la orden podría reactivarse, aunque solo surtiría efecto si Ponsatí volviera a España.

A este respecto, cabe recordar que el juez dejó sin efecto las órdenes de busca y captura europeas e internacionales contra Ponsatí y los demás prófugos del 1-O, precisando que ya solo podría reactivarlas para el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluis Puig, porque tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación eran los únicos imputados por delitos que conllevaban cárcel.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que otro posible escenario es que, atendiendo a la justificación dada por la defensa de Ponsatí y a lo que planteen las demás partes en estos cinco días, Llarena le dé una segunda oportunidad fijando nueva fecha para la declaración indagatoria.