En mitad de sus negociaciones de la mesa de retribuciones con los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, solo una de las siete asociaciones de jueces y fiscales, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mantiene la convocatoria el día 16, aunque está «en proceso de decisión» sobre la posibilidad de retrasarla, han informado a EFE fuentes de la asociación.
La junta directiva nacional de la APM, que considera «inaceptable» la propuesta del Gobierno de 46 millones de euros, se reúne esta tarde para debatir el aplazamiento. Las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que abogan por aceptar la propuesta del Gobierno, son las únicas que no se han sumado en ningún momento a la convocatoria de huelga.
Las otras dos asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- y el Foro Judicial Independiente (FJI) decidieron anoche, al término del encuentro con el Gobierno, retrasar el inicio; mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se ha sumado al aplazamiento esta mañana tras una reunión de su junta directiva. El Gobierno ha emplazado a jueces y fiscales a un nuevo encuentro el próximo martes, día para el que estaba previsto el inicio de la huelga.
Antes, Justicia y Función Pública trasladarán a las asociaciones su «propuesta definitiva», indica JJpD en un comunicado. Esta incluirá, además de la oferta económica «inamovible» de unos 46 millones de euros, algunos «aspectos de la mesa de retribuciones que quedan abiertos a negociación futura» y que servirán para «tratar de avanzar en temas como trienios, cargas de trabajo salud laboral, carrera profesional, guardias, retribuciones variables, grupos de población y complemento de carrera», explica JJpD. Según la asociación, «el proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas» de jueces y fiscales.
Por su parte, la AJFV reconoce que las negociaciones «no han dado sus frutos», pero celebra que esté en funcionamiento la mesa de retribuciones, «un órgano de negociación que ha permanecido inerte durante más de una década», y que haya una propuesta respecto al calendario de trabajo de esta comisión.
La mesa de retribuciones es el órgano previsto por la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que se debe convocar cada cinco años, pero que no se reunía desde su creación en 2003. Fuentes de las asociaciones judiciales aseguran que su capacidad adquisitiva ha disminuido un 20 % de media desde 2004, mientras que la oferta del Gobierno supondría un incremento de algo más del 6 % en tres años. Los salarios de jueces y fiscales oscilan, de media, entre los 52.000 y los 131.000 euros brutos al año. De producirse finalmente, en plena campaña electoral, esta sería la tercera huelga indefinida en la administración de Justicia en lo que va de año, tras la de los letrados, que duró dos meses, y la anunciada este miércoles por los funcionarios de los cuerpos general y especiales también a partir del 22 de mayo.
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