Igualdad quiere equiparar las indemnizaciones de violencia machista a las del terrorismo

Tras la reunión del comité de crisis convocado por el departamento que dirige Irene Montero, al sumar el mes de mayo cinco asesinatos de mujeres por violencia de género, la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, han explicado las medidas propuestas en esta reunión para evitar futuros crímenes de este tipo.

Son medidas y propuestas tratadas en la reunión y que deberán ser debatidas y aprobadas con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial de Igualdad, aunque Rosell ha aclarado que, en lo que tienen que ver con medidas que son competencia de Igualdad se ponen en marcha «de inmediato».

Entre las principales propuestas que se han lanzado este viernes es la necesidad de mejorar el fondo de garantía de pago de alimento y también las ayudas a la reparación. Según ha indicado Rodríguez, uno de los casos analizado ha mostrado la necesidad de aumentar el umbral de este fondo que en la actualidad se encuentra en los 8.000 euros, así como el anticipo que recibe la víctima que es de 100 euros. Rodríguez ha propuesto elevarlo a los 500 para evitar «una situación de vulnerabilidad» de la madre que pueda llevarla a «situaciones más complejas».

También han propuesto una mejora en las indemnizaciones para las familias de estas mujeres y, en concreto, equipararlas a las que reciben las víctimas del terrorismo. La secretaria de Estado ha explicado que la indemnización por muerte por terrorismo es de 250.000, mientras que las de la muerte por violencia de género es de 90.000.

«La diferencia es extraordinaria y creemos que esta política de reparación debe ser asumida por el Estado, tiene que decir que el Estado ha llegado tarde y no ha hecho lo que tenía que hacer», ha declarado en rueda de prensa. Igualdad también quiere que los menores víctimas de esta lacra tengan una orden de protección generalizada y, especialmente, cuando convive con la madre agredida.

Del mismo modo, y ante los dos casos de asesinatos en este mes de mayo en los que la mujer estaba embarazada, proponen que se amplíe su protección como víctima más vulnerable en el sentido de que se recoja la necesidad de que el embarazo llegue a término y que se dicte una orden de protección que incluya al bebé tras el nacimiento. Esto último evitará, según ha indicado Rosell, que la madre tras el parto tenga que solicitar la eliminación del régimen de visitas por parte de su presunto agresor.