El PSOE defiende una contrarreforma de la instrucción judicial

«Si uno hace una reforma con un objetivo y resulta que se está utilizando con el objetivo contrario, se puede rectificar y se puede buscar un entendimiento para cambiar», ha señalado en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por el cambio de posición de los socialistas, que apoyaron con su voto flexibilizar los plazos de instrucción.

Reforma del PP

Fue el Gobierno del PP el que, con mayoría absoluta, impulsó en 2015 la fijación de un plazo máximo para la instrucción penal, una polémica medida incluida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que fue reformada cinco años después tras comprobarse que varios casos de corrupción habían sido archivados por falta de tiempo para investigarlos.

Ahora se plantea una posible contrarreforma para evitar instrucciones que se alargan de manera artificial o espúrea, acusación que hace Junts al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Tsunami.

«Pasos atrás, no»

Patxi López no ha entrado en detalles porque, ha dicho, el diálogo todavía no ha empezado, aunque se ha mostrado convencido de que la ley saldrá adelante y que será «plenamente constitucional». «Diálogo sí, pero pasos atrás no», ha afirmado tras insistir en que la ley, como está, da cobertura «a todos aquellos a quienes tiene que dar cobertura».

Junts defiende sus enmiendas

Para Junts son sus enmiendas las que «lo cubren todo», han apuntado fuentes del grupo parlamentario, que han eludido comentar una posible reforma de la Lecrim. Quedan quince días de margen y el objetivo, insisten, es llegar a un acuerdo.

Desde el PSOE confían también en un acuerdo en este plazo, sin necesidad de ampliarlo, como permite el reglamento hasta un máximo de un mes.

ERC: la ley de amnistía es urgente

ERC, por su parte, ha pedido no mezclar ambos debates y la diputada Teresa Jordà, ha indicado que, aunque puedan estar de acuerdo con una reforma de la Lecrim, lo urgente es aprobar la ley de amnistía «por las familias que están sufriendo» y para poder empezar «la segunda fase de negociación del conflicto político». «Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes», ha manifestado Jordà.

Contradicciones

Sumar reconoce que reformar de nuevo la Lecrim supone una contradicción con la posición que defendieron en la pasada legislatura. En rueda de prensa, su portavoz, Íñigo Errejón ha afirmado que hay que buscar «un buen equilibro» que garantice que los jueces disponen de tiempo para investigar y que las instrucciones no se alarguen con voluntad extrajudicial y la portavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha señalado que pedirán «garantías». Fue Podemos quien, con apoyo de todos los grupos menos del PP, impulsó en su día la eliminación de los plazos máximos de instrucción y su líder, Ione Belarra, ha defendido aquella reforma.

«La ley está bien; el problema no son los plazos de instrucción; el problema son los jueces que creyéndose por encima de la democracia española hacen mal uso de los pasos de instrucción», ha subrayado antes de cargar de nuevo contra el juez Manuel García-Castellón y «un sector reaccionario» de la judicatura.

«Contorsionismo legal»

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha tachado la posible reforma de «ejercicio de contorsionismo legal» de un Gobierno que «no conoce límites a la hora de retorcer y abusar de la ley». No se plantea para mejorar el funcionamiento de la justicia, ha asegurado, sino para «beneficiar a personas con nombres y apellidos y que puedan escapar de la acción de la justicia». Para la portavoz de Vox, Pepa Millán, forma parte del «manoseo sistemático» de las leyes por parte de un Gobierno dispuesto a «todo tipo de triquiñuelas» para conseguir los siete votos de Junts y supone una «burla» a todos los españoles.