Rueda de prensa tras Consejo de Ministros extraordinario con motivo del Día Internacional de la Mujer

MADRID, 08/03/2024.- Las ministras de Educación, Pilar Alegría; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz e Igualdad, Ana Redondo y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska (i a d), durante Consejo de Ministros extraordinario convocada en el Día Internacional de la Mujer para aprobar medidas en materia. EFE / JJ GUILLEN

EfeMadrid08/03/24 13:14
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el protocolo de actuación frente al acoso sexual en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos, que obliga a los empleados públicos a informar de posibles casos y que aplicará también a los trabajadores de empresas subcontratadas.

El protocolo obliga asimismo a la Administración a atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre , en el ámbito de su competencia, garantizando supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexoque sus actuaciones no desprotejan a la víctima. Para actuar con celeridad se ha rebajado a diez días el plazo máximo para elaborar un informe desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.

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La entrada en vigor del protocolo tendrá lugar en el plazo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que cada ministerio y organismo público lo pueda adaptar con garantías.

El protocolo se acordó la pasada semana con la mayoría de la representación sindical (CSIF, UGT y CIG), que destacó entre sus novedades que contempla el acoso realizado a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso y que establece un amplio listado de conductas constitutivas de acoso como flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias. CCOO, sin embargo, lo criticó por considerar que no protege debidamente a los trabajadores, ya que no se establecen medidas organizativas para separar a la víctima de la persona acosadora y no se modifica el régimen disciplinario para permitir sanciones graves o muy graves si decae la vía judicial, entre otras cosas.