La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Efe - Chema Moya

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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha emitido un duro comunicado contra la Comunidad de Madrid en el que acusa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de intentar «intimidar» y «amedrentar» a periodistas de El País y elDiario.es que están investigando los negocios de su pareja, Alberto González.

Las asociaciones profesionales aseguran que la Comunidad quiere «amordazar la libertad de prensa» al difundir la identidad y una fotografía de dos periodistas de El País «insinuando falsamente una conducta delictiva» cuando Ayuso «está cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja».

Recuerda la FAPE que esto ello sucede al tiempo que el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que hace una semana amenazó con «triturar y cerrar» elDiario.es, haya «filtrado una información falsa» según la cual «periodistas encapuchados» de este medio intentaron «entrar por la fuerza» en la casa de Ayuso.

«Tampoco podemos olvidar las graves acusaciones de Rodríguez contra Silvia Intxaurrondo, acusándola de cobrar en B, algo que la propia periodista de TVE ha desmentido con un comunicado pidiendo a todos los medios que lo publicaron que se retractaran», prosigue el comunicado. Remarca la FAPE que resulta «intolerable» que «se intente amedrentar a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor, que no es otra que la de informar verazmente sobre hechos de interés público» y repudia este tipo de conductas, ofreciendo sus servicios jurídicos a los afectados para que pueden emprender acciones legales.

Además, lamenta los «comportamientos impropios de una sociedad democrática» detectados últimamente mediante «amenazas y coacciones a periodistas» así como «bulos» e «informaciones falsas» para restar credibilidad a los medios y sus profesionales. «No se silencia la verdad amenazando a periodistas», concluye la federación, que insta a los representantes públicos a cesar «el acoso» contra los informadores y a respetar su labor profesional, amparada por la Constitución, haciendo además un llamamiento para acabar con la crispación política.