En él se pone de evidencia los «muchísimos asuntos» en que los jóvenes cometen delitos por medio de las tecnologías -y de los que también son víctimas-, ante lo que proponen el retraso en la edad de acceso a las redes sin supervisión y la limitación del libre acceso a contenidos «inadecuados o adictivos».
El Ministerio Público asegura que la edad de acceso se ha rebajado «de forma alarmante», lo que hace que sean todavía más vulnerables si cabe al entorno digital. No obstante, considera que plantear el problema desde la exclusiva perspectiva de limitar el acceso a redes para evitar sus riegos «no es viable», pues éstas también tienen aspectos positivos, pero esta idea podría estar complementada con la formación en medidas de seguridad y autoprotección en la red.
Todo ello, según refleja la Unidad de Menores de la Fiscalía General del Estado en la memoria, en un contexto en el que se han incrementado los delitos cometidos a través de redes o aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram o Whastapp. Entre ellos destacan los perpetrados en el ámbito escolar, especialmente el «ciberbullying», las amenazas o las coacciones, pero también otros relacionados con el mal uso de las tecnologías, como aquellos contra la libertad sexual.
En 2023 estos últimos incrementaron un 8 %, de 2.947 causas incoadas el año anterior a 3.185, una tónica ascendente que se remonta a 2017 y que, según la Fiscalía, tiene su origen, entre otros aspectos, en el «acceso temprano a contenidos pornográficos inadecuados sin una adecuada educación sexual y en valores en general». Este aumento es motivo de «preocupación» en todas las secciones de menores de las diferentes fiscalías, que destacan la «imperiosa necesidad de reforzar la prevención y educación sexual y digital».
También genera inquietud el aumento de delitos de violencia de género, de los que en 2023 se registraron 807 causas frente a las 727 de 2022 (un 11 % más), que pone de manifiesto «que no están calando entre nuestros jóvenes los grandes esfuerzos que se están realizando en la formación en igualdad, predominando una deficitaria educación en valores que el entorno educativo del menor no ha sabido paliar».
En cuanto a otros hechos violentos destaca el incremento en un 6,5 por ciento de los delitos de lesiones, de 11.628 a 12.394, mientras que el número de homicidios se mantuvo igual que en 2022, con 101 casos. Todo ello, concluyen los fiscales, «invita a reflexionar sobre la problemática de una sociedad carente de mecanismos precisos para dotar a los menores de las herramientas necesarias para gestionar su frustración» y evidencia que su intervención en conductas violentas y sexualizadas «demanda de una intervención temprana y multidisciplinar cada día de mayor relevancia».
Pero también ponen el foco en los menores como víctimas de estos delitos, especialmente en internet, y lamentan que «defenderlos frente a los depredadores de todo tipo que circulan por las redes es un objetivo casi imposible». «El escenario que se plantea es desolador y exige una intervención coordinada de todos los operadores intervinientes, a fin de garantizar una adecuada prevención y protección frente a la violencia digital, intervención en la que, sin duda, debe ser incluida la industria tecnológica», señala la memoria.
Otro de los aspectos relacionados con los menores de edad que desarrolla la memoria de la Fiscalía es la captación por parte de grupos yihadistas, que han encontrado en ellos «un nicho» para el desarrollo de su actividad debido a «su impulsividad, idealismo y necesidad de pertenencia a un colectivo». Eso los convierte en «un blanco fácil» para la propaganda extremista, mediante la cual les prometen «la justicia y satisfacción personal que anhelan» y que difunden principalmente a través de internet y las redes sociales. Es por ello por lo que la radicalización yihadista de menores es «una realidad preocupante» que se ve reflejada en que, de las 26 diligencias preliminares incoadas por la sección de menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional -frente a las 6 de 2022, un 225 % más-, 19 de ellas corresponden a delitos de terrorismo de carácter yihadista.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado insta a dar una respuesta «contundente» a la ciberdelincuencia por el constante aumento de las estafas online o los ciberataques, en tanto que pide castigar nuevas tipologías delictivas como el 'deepfake': la manipulación de imágenes y vídeos con inteligencia artificial para suplantar la identidad de otras personas.
Subraya de que el cibercrimen se ha convertido en «una de las primeras amenazas para la seguridad individual y colectiva en España». «Su constante evolución y sofisticación constituye una gran preocupación para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues exige una respuesta legal y social contundente», continúa el informe en que lamenta la falta de formación y herramientas para investigar estos delitos. Y zanja: «Abordamos la investigación de delitos en el siglo XXI, en puertas de una nueva revolución con la Inteligencia Artificial (IA), con medios del siglo pasado, con todas las carencias imaginables y con unas consecuencias perturbadoras».
La Fiscalía expone que, además del incremento en 2023 de ciberdelitos como las estafas, los ciberataques a infraestructuras, el ciberespionaje o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, se ha detectado un auge en la comisión de nuevas modalidades delincuenciales en el ámbito virtual. Se trata del «ransomware», que consiste en el secuestro de datos con fines extorsivos; el «deepfake», la manipulación de imágenes y vídeos con inteligencia artificial para suplantar la identidad de otras personas, o el «criptojacking», que es la transacción ilegal de criptomonedas utilizando dispositivos de terceros.
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Que hable con los padres.