Imagen de archivo de Ábalos en el Congreso. | Efe

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La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para decidir si propone elevar al Tribunal Supremo (TS) una exposición razonada para que sopese imputar al ahora diputado y ex ministro José Luis Ábalos en el marco del conocido como 'caso Koldo', según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press.

Las mismas explican que el Ministerio Público aguarda un informe detallado con el análisis de todo el material incautado en las detenciones y entradas y registros practicados. Fuentes cercanas a la investigación apuntan que el dossier viene cargado de información referida a Ábalos y a Koldo García, el que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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Ha sido esta misma semana cuando una acusación popular, la ejercida por Iustitia Europa, ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que cite como investigado a Ábalos, una vez terminada e incorporada a la causa la auditoría interna que el ahora titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, encargó sobre la presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Sin embargo, las fuentes señalan que la posibilidad de solicitar la imputación del ex ministro socialista se baraja desde hace tiempo en el Ministerio Público y ha ido cobrando fuerza. De ser así, la Fiscalía debería interesar la imputación de Ábalos al juez instructor, Ismael Moreno, quien a su vez --si lo considerara oportuno-- tendría que elevar una exposición razonada al Supremo para que sea el alto tribunal el que decida si hay indicios suficientes para investigar al ex ministro, dada su condición de aforado por ser diputado.

En cambio, de acuerdo con las citadas fuentes, en Anticorrupción consideran innecesario citar a Puente como testigo, petición que ha formulado la acusación popular de Liberum y a la que se ha sumado Vox. La semana pasada, el juez Moreno solicitó a la Fiscalía que informase sobre si procede llamar como testigo a Puente, al que la acusación popular reclama tras la imputación de varios ex altos cargos de su departamento. Liberum, en su escrito, recordaba que Puente indicó que el cese del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez, se produjo «como consecuencia de la pérdida de confianza hacia éste por motivo de su situación procesal como investigado en las presentes diligencias de investigación».