Durante el debate, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lamentado que los 'populares' se opongan ahora a una ley con la que no habían manifestado ninguna discrepancia desde que se presentó en la legislatura pasada y les ha invitado a «sumarse al diálogo» durante la negociación de las enmiendas parciales.
Por su parte, el socialista Ignacio López Cano ha advertido de que «si esta ley no sale, España puede perder 10.000 millones de euros de fondos europeos».
El proyecto de ley recoge un nuevo mapa concesional para el transporte regular de viajeros por autobús y abre la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan una tasa a la circulación de determinados vehículos en zonas de bajas emisiones.
También establece que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deben tener planes de movilidad sostenibles, que existan en empresas de más de 500 empleados planes de movilidad sostenible al trabajo y que las compañías de transporte calculen la huella de carbono y lo comuniquen a los usuarios.
Según el diputado del PP y alcalde de Calanda (Teruel), José Alberto Herrero, el nuevo mapa concesional reduce el número de concesiones y de líneas y suprime «miles» de paradas de autobús en los municipios.
Herrero también ha dicho que el texto no aporta ninguna estrategia para reducir emisiones, no existe ningún estudio de impacto ni atiende las sugerencias que han planteado las comunidades autónomas.
«¿Quién va a pagar este desaguisado? Este otro proyecto de ley en el que ustedes invitan y las demás administraciones pagan», ha reprochado al ministro. El PP ha criticado asimismo que la ley «ignore» la movilidad eléctrica y el transporte a demanda (taxi y vehículo de transporte con conductor).
Su enmienda a la totalidad solo ha sido apoyada por Vox (168 a favor, 176 en contra y una abstención), que ha dicho que se trata de una «ley impuesta por la Comisión Europea con la tan dañina Agenda 2030».
Desde Sumar, Alberto Ibáñez la ha considerado, en cambio, «una de las leyes más importantes de la legislatura para mitigar el cambio climático», aunque ha reconocido que necesita «aterrizar, con objetivos ambiciosos y concisos» durante la tramitación de las enmiendas parciales.
El resto de grupos se han mostrado dispuestos a mejorar con sus enmiendas la ley en ese sentido y los partidos independentistas y nacionalistas han coincidido en que también hay que reformar las partes del texto que, a su juicio, suponen injerencias competenciales.
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