En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona da por cerrada la investigación que inició a raíz de la querella presentada contra Colau y contra la exconcejal de Vivienda Lucía Martín, al entender que no hay indicios de las coacciones que denunció la inmobiliaria.
Esta fue una de las cuatro causas que tenía abiertas Colau cuando se presentó a las últimas elecciones municipales -dos por supuestas coacciones a inmobiliarias, una por las 'supermanzanas' y otra por la concesión de subvenciones municipales a entidades afines-, a las que después se añadió una quinta por la suspensión de relaciones del Ajuntament de Barcelona con Israel.
Tres de esas causas fueron archivadas después de los comicios, a la que se suma la que se ha cerrado ahora, de forma que solo sigue en curso la de las subvenciones municipales, inicialmente zanjada pero que la Audiencia de Barcelona reabrió, en contra del criterio del ministerio público. La causa por coacciones y prevaricación que la jueza acaba de archivar, después de que así lo pidiera la Fiscalía, fue presentada por la inmobiliaria Juninmo por supuestas presiones con motivo de un desahucio previsto en 2021, cuando el servicio de mediación municipal intervino para evitar el desalojo de un vecino de Les Corts considerado vulnerable, que finalmente no se llevó a cabo gracias al acuerdo entre el inquilino y la empresa propietaria del inmueble.
Durante el proceso, el Ayuntamiento incoó a la inmobiliaria un expediente por no ofrecer al inquilino alquiler social -en base a un artículo de la ley catalana de vivienda que así lo preveía antes de que el Tribunal Constitucional lo anulara-, que acabó archivándose. A la misma inmobiliaria, la Dirección de Licencias de Ecología Urbana del consistorio le incoó otro expediente sancionador por un piso turístico ilegal, también archivado tras las alegaciones presentadas por la propiedad.
La querella fue presentada por la misma abogada que, en nombre del fondo de inversión Vauras, interpuso otra denuncia por coacciones contra Colau, lo que motivó que la alcaldesa declarara como investigada por esa causa dos meses antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. La jueza instructora archivó el pasado mes de diciembre la querella de Vauras, en un duro auto que censuraba al fondo inversor por actuar «con fines ajenos al del procedimiento penal», en busca del «efecto mediático que supone involucrar a un partido político» a sabiendas de que no tuvo ninguna participación en los hechos.
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