El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a varias empresas de gestión del alquiler de viviendas que habrían obligado a pagar a los inquilinos una comisión por la gestión del arrendamiento o a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada. Serían, según ha podido constatar Consumo, varias empresas que operan en todo el Estado, habrían cometido prácticas abusivas contra consumidores en la gestión del alquiler. Algunas, como las citadas, pero también otras clausulas abusivas que incluían para los inquilinos.
Consumo investiga a varias inmobiliarias por cobrar comisiones a inquilinos por alquilar
La Dirección General de Consumo ha abierto esta investigación formalmente tras tener conocimiento de estas prácticas a través de diversas denuncias presentadas por asociaciones de consumidores
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