La Fiscalía recurre el registro al fiscal general ordenado por el Tribunal Supremo

Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Ministerio Público ha recurrido en apelación los dos autos de entrada y registro tanto en el despacho del fiscal general como en el de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada como García Ortiz en la causa por un presunto delito de revelación de secretos. Ahora bien, se desconocen los detalles del recurso debido a que el magistrado instructor decretó el secreto del sumario por un mes.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado llegaron a las oficinas sobre las 12.30 horas y salieron de la sede de la Fiscalía en torno a las 22.45 horas. Allí, los investigadores hicieron el volcado de los ordenadores y teléfonos móviles del fiscal, como también hicieron con los dispositivos electrónicos de la fiscal jefa provincial de Madrid.

En el auto donde se ordenaba el registro, el juez reclamaba a los servicios de la Fiscalía que identificaran todas las cuentas de correo electrónico de García Ortiz. El juez investiga si García Ortiz y Rodríguez incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.

Asimismo, García Ortiz ha hecho extensiva su abstención en el procedimiento como ya hiciera cuando la causa arrancó en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid así como en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este sentido, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos del Ministerio Fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, ha dictado un decreto en el que acuerda que estará exenta no solo de recibir órdenes sino también de dar cuenta de la causa al fiscal general.

Estas actuaciones se conocen después de que dos de las acusaciones populares pidieran al Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente de sus funciones a García Ortiz como fiscal general del Estado. Una de ellas es Manos Limpias y la otra es la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que advirtió en su escrito que «si Álvaro García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado durante el transcurso del procedimiento, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa y en calidad de tal podría impartirle órdenes».