La Audiencia Nacional pone fecha al juicio a Jordi Pujol y sus siete hijos

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias. La Abogacía del Estado por su parte no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. Según el calendario del juicio, al que ha tenido acceso EFE, la sección primera de lo Penal ha señalado los primeros días de este juicio para el 10, 13, 24 y 27 de noviembre de 2025 en la sede de San Fernando de Henares, y ya en diciembre, mes en el que solo hay previstos dos días de juicio, el 15 y el 18, se trasladará a la sede principal en la calle de García Gutiérrez para celebrar el resto de sesiones.

Tras el parón de las navidades, se retomará la vista oral en enero, los días 12, 15, 26 y 29; en febrero la Sala ha fijado seis días más, otros cuatro en marzo y en abril otros seis días con la previsión de dejar el juicio visto para sentencia el 23 de abril de 2026, que coincide con la festividad de Sant Jordi. Junto al expresidente catalán, se sentarán en el banquillo sus hijos y la exmujer del primogénito Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, y empresarios como Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí. En cuanto a las testificales, la Sala ha emitido también el auto de admisión de prueba, en el que acepta la declaración de 39 testigos y rechaza que lo hagan otros como la expresidenta del PP en Cataluña Alicia Sánchez Camacho, en relación al encuentro que mantuvo en el restaurante barcelonés La Camarga con María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, y que fue grabado.

En el caso de otros 50 testigos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex DAO Eugenio Pino y otros policías, el Tribunal requiere a las partes para que en el plazo de diez días justifiquen la necesidad y utilidad de estas testificales. En junio de 2021, el juez Santiago Pedraz dictó la apertura de juicio oral por estos hechos que comenzaron a instruirse en 2015 en la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia de la exnovia de Jordi Pujo Ferrusola.

La investigación determinó que los miembros de la familia Pujol formaban presuntamente una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas. Su forma de actuar reunía, según la instrucción, todos los requisitos de una organización criminal: con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada, y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.

El liderazgo de la organización, según la investigación, estaba encarnado en Jordi Pujol y Marta Ferrusola quien, de hecho, se autodenominaba la «madre superiora de la congregación» (Ferrusola quedó fuera de la causa al acreditar que padecía demencia y poco después falleció). Por debajo se encontraría Jordi Pujol Ferrusola, denominado «el capellán de la parroquia», cuyas instrucciones seguían a su vez el resto de los hermanos.