Los padres de una niña de 5 años acosada en un colegio de Bilbao «avisaron de forma incansable» al centro

Larrocea ha realizado estas declaraciones tras conocerse la sentencia del Juzgado de primera instancia número 8 de Bilbao que condena al colegio concertado Nuestra Señora de Begoña, del barrio de Santutxu, a pagar 40.000 euros a esta familia por no actuar ante un «grave» caso de 'bullyng' ocurrido en 2022. Según recoge la sentencia, la hija de los demandantes sufrió «constantes agresiones» físicas e incluso de índole sexual, intimidación y acoso a manos de una compañera de clase cuando tenía cinco años.

La abogada ha explicado que los padres acudieron a su despacho tras el comienzo del curso en 2022 «muy preocupados por una serie de hechos muy graves que estaban ocurriendo» en relación a su hija menor de edad. Según ha explicado, el equipo de abogados encargado del caso detectó «inmediatamente que podríamos estar hablando de un caso de responsabilidad objetiva de un centro escolar».

Larrocea ha relatado que los padres detectaron «cambios de humor» en su hija, que «un día aparece con la bata rota, otro día con una lesión y otro día con un golpe». Desde el inicio del curso, ha indicado, los padres empezaron a advertido al centro escolar de que «algo está pasando con su hija», porque, «aparte de las lesiones físicas hay un cambio de comportamiento de la menor», que en aquel momento tenía 5 años y, por tanto, una capacidad de expresión «muy limitada».

Según ha señalado, ante estas advertencias de la familia de la menor, el colegio «no pone las medidas para poder atajar o solventar la situación que está produciendo», por lo que a los padres no les quedó más remedio que acudir a un despacho de abogados, asesorarse y interponer la demanda. Los padres denunciaron que su hija sufría «acoso escolar o bullying». La otra menor, han explicado, «le pegaba, le rompía las batas, la ropa, le quitaba comida en el comedor y la seguía el baño». «Cosas muy graves, incluso agresión sexual», ha apuntado.

Larrocea ha asegurado que los padres, «de forma incansable, estaban continuamente avisando al centro de que algo está pasando» con su hija con otra menor en concreto, y pidiéndole al centro tomar medidas porque la situación estaba «empeorando». Según ha dicho, los padres también acudieron a Educación para «poner encima de la mesa esta situación y que alguien les diga qué se hace en estos casos». Tras conocer el protocolo del Gobierno vasco para estos casos, se inició el proceso, pero «con un retraso de seis meses en los cuales ya se ha causado un daño y un perjuicio a la menor de todo punto irreparable».

En relación al argumento del centro escolar de que la hija de los denunciantes no era objetivo de agresiones «focalizadas», sino que las mismas se producían «con todos los niños», la abogada ha considerado que «tanto siendo algo colectivo como algo individualizado en un alumno, ambas opciones son igualmente graves». «Cuando el colegio está aceptando y afirmando que, efectivamente, había una menor que pegaba, rompía batas y demás al resto de compañeros, ahí también hay una pasividad manifiesta, y, de hecho, a día de hoy esta menor sigue en el colegio», ha censurado.

En ese sentido, ha afirmado que «intentar ahora maquillar o disfrazar si ha sido acoso escolar o ha sido bullying, huelga por cuanto el objeto de la sentencia es la responsabilidad que tiene el colegio cuando a un menor le ocurre algo bajo sus dependencias, tanto en horas lectivas, como en horas extraescolares, como en horas complementarias». Por ello, ha advertido que «el foco no debe estar en cómo le llamamos a lo que le ha pasado a la menor, sino en qué ha ocurrido para que esto pase y qué es lo que ha hecho o no ha hecho el colegio para evitarlo» y, en este caso, el colegio no ha hecho absolutamente nada«.

En esa línea, la abogada ha asegurado que la condena a pagar 40.000 euros »no es nada habitual« y ha destacado que en Euskadi »no ha habido una sentencia con estas características. Según ha destacado, el caso «se da en una etapa infantil y no es lo normal en niños de 5 o 6 años», la sentencia «imputa la responsabilidad directa al colegio» y la indemnización es «muy elevada» porque «va en relación a los padecimientos tan graves que ha sufrido y sigue sufriendo la menor».

La abogada ha advertido de que «esto no es una cosa que haya pasado», sino que la menor «sigue estando enferma, sigue estando medicada y se sigue haciendo un trabajo muy intenso con ella para que pueda, en algún momento, volver a ser la niña, perfectamente normal y sin ningún tipo de problema de salud mental ni absolutamente de nada hasta que se inicia ese curso». Por último, ha asegurado, respecto a la indemnización, que «no hay precio para la salud mental de tu hija». «Obviamente es bienvenida, pero jamás va a poder paliar o curar las heridas que esta familia tiene ya», ha asegurado, para señalar que el colegio «está en su derecho de recurrir, como cualquier ciudadano que recibe una sentencia judicial».