El PSOE pide tomar declaración a Abascal y al tesorero de Vox por presunta financiación ilegal

El PSOE, que presentó la denuncia el pasado viernes, calcula que la cuantía alcanzada en los últimos años con esta forma de captación de fondos podría alcanzar los cinco millones de euros. Unas recaudaciones que ya fueron, según señala el PSOE, recogidas por el propio Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización de las formaciones políticas. Junto a las huchas, el PSOE señala también la venta de productos de 'merchandising' en los puestos de información callejeros de Vox «para eludir los controles de donaciones».

Un modo de financiación que, según la denuncia, no cumple los requisitos para la regularidad de los ingresos de los partidos. Además, se «encubren ingresos no sólo irregulares sino ilícitos» y por tanto se está «ante una forma de financiación ilegal». En el texto presentado ante la Fiscalía General del Estado, el PSOE sostiene que existen en la contabilidad de Vox donaciones «que no cumplen la normativa de la Ley de Financiación de Partidos Políticos por importe de hasta 2.828.657 de euros».

Además, señalan que existen «cantidades sin justificar por ventas promocionales que ascenderían a 1.821.577,06 de euros que pudieran ser ficticias o absolutamente irregulares y ser donaciones ilegales encubiertas, igualmente anónimas e igualmente, por ello delictivas». «Ello hace un total de 4.650.234,47 de euros que pudieran haberse obtenido para la supuesta financiación ilegal que ahora se denuncia», inciden. Se trata de una forma de financiación «sistemática, organizada, generalizada y continuada en el tiempo, que comienza, al menos, en el año 2017», argumenta el PSOE.

También se hace referencia en la denuncia a un préstamo de 6.500.000 de euros concedido por el banco húngaro MBH Bank Nyrt, cuyo principal accionista es un fondo estatal de ese país, vinculado al primer ministro, Víktor Orban, que, a juicio de los socialistas, Vox habría tratado de ocultar en su contabilidad. De esa manera, «infringiría nuevamente la normativa de financiación, que prohíbe la financiación de partidos políticos por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos».