Cort inicia el proceso judicial para desalojar a las familias que aún viven en Son Banya

Los pliegos contemplan un presupuesto de casi 248.000 € para la contratación de abogados y procuradores para poder llevar a cabo el proceso de desalojo de las cerca de 90 familias que residen en el asentamiento. Se trata de todas aquellas familias que no estaban afectadas por las sentencias judiciales que se han ejecutado durante la primera fase de desmantelamiento.

Así, ha concretado la edil, a partir de ahora el consistorio pondrá una demanda para cada una de las familias que están ocupando un albergue para que lo desalojen y lo dejen libre para proceder a su derribo. En caso de que las familias no atiendan esta demanda se recurrirá a la vía judicial para que sea un juez el que lo ordene.

La regidora ha recordado que las familias que todavía viven en Son Banya podrán acogerse a las ayudas municipales en las mismas condiciones que lo hicieron las personas que se vieron afectadas por la primera fase del proceso de desalojo.

Borràs ha dejado claro que «el objetivo sigue siendo que Son Banya haya desaparecido el 31 de diciembre del año 2020». Para cumplir este objetivo, en un año el Ajuntament de Palma deberá derribar el doble de albergues que en la primera fase, cuando se derribaron 45. En este sentido la responsable municipal ha asegurado que «la parte más difícil ya está hecha y, además, hemos aprendido de la experiencia por lo que los pliegos para el proceso de derribos se mejorarán y el trabajo se realizará de forma más rápida y eficaz». Para empezar, el Consistorio realizará un nuevo censo para conocer con exactitud el número de personas que residen actualmente en el asentamiento.