Según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, hasta febrero de 2019, que fue cuando se aprobó la modificación del protocolo que permitió ampliar los requisitos de los adjudicatarios, sólo podían acceder a estas viviendas del Fondo Social del Ayuntamiento las personas afectadas por un proceso de desahucio por insolvencia sobrevenida. Sin embargo, ahora pueden acceder familias que estén en riesgo de perder su casa por diferentes motivos.
De este modo, las 35 familias que en 2019 accedieron a este tipo de inmuebles del Patronato Municipal de la Vivienda, PMH-Riba, lo hicieron por insolvencia sobrevenida, por ser personas mayores o con movilidad reducida, o beneficiadas por el plan de desmantelamiento del poblado de Son Riera (popularmente conocido como Son Banya).
La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha incidido en que «Palma sufre una grave carencia de vivienda pública de alquiler y de pisos con precios asequibles». Por ello, ha añadido Truyol, el Ayuntamiento destina «recursos a las familias más vulnerables».
La regidora ha destacado que «son necesarias estas actuaciones de prevención de la exclusión social» porque mientras en Viena, Londres, París o Berlín disponen de más de un 20% de vivienda pública de alquiler, la situación en Palma se sitúa en torno al 0,5%.
«Además el éxito turístico de la ciudad y la acción sobre ella de inversores oportunistas tiene como consecuencia directa una situación de tensión inmobiliaria como nunca se había visto», ha dicho Truyol.
La regidora de Vivienda ha asegurado, por último, que «tiene claro que el precio de la vivienda se ha convertido en los últimos años en un elemento determinante del riesgo de pobreza de la población y en uno de los factores explicativos de las desigualdades sociales».
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