Cort admite que en Palma sigue habiendo desahucios, pero asegura que «sin la oficina habría muchos más». | Redacción Local

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Cort denuncia la falta de colaboración de los bancos ante la «barbarie» de la emergencia habitacional que padece la ciudad. La edil de Model de Ciutat, Neus Truyol, lamentó este martes que «están apareciendo casos de familias vulnerables a las que hace tres años los bancos hicieron un alquiler social y ahora están acabando estos contratos pero las viviendas ya no son propiedad de los bancos sino de fondos buitre que no les renuevan los contratos». El Ajuntament, recordó, «también ha sido víctima de esta situación en Son Sardina».

Ante esta situación, Truyol consideró «urgente la exigencia de cambios normativos por parte del Estado para regular los precios de alquiler, que permitan a los ayuntamientos detectar cuando el incremento del precio del alquiler está especialmente vinculado a la especulación y poder poner límites».

También reclamó al Gobierno «que genere mecanismos para poder sancionar a los grandes tenedores (bancos, fondos buitre, ...) que tiene secuestradas viviendas vacías y no las ponen en el mercado». Por último instó al Govern a desplegar la Ley de Vivienda «para que estos grandes tenedores cedan sus viviendas vacías y hacer efectivo el derecho de tanteo y retracto para que la administración pueda comprar estas viviendas».

La edil admitió que «en 2015 se trabajó para generar alianzas con la banca en relación a su responsabilidad con la crisis de vivienda, pero estamos detectando que la responsabilidad de los bancos ante este problema se ha debilitado mucho y tenemos mucha menos cooperación».

Truyol realizó estas declaraciones durante la presentación del balance de la Oficina Antidesahucios desde su apertura en 2015. En este tiempo, la oficina ha gestionado 3.332 expedientes y ha paralizado 1.759 desahucios (1.029 ya con fecha de lanzamiento).

Además ha concedido ayudas por valor de 68.176 euros. Las cifras indican que la tendencia ha cambiado, pues al inicio de 2015 la mayoría de los expedientes (201) eran por ejecuciones hipotecarias y en 2019 eran una minoría (123); por el contrario, los casos por impagos de alquiler han tenido un crecimiento muy importante (174 en 2015 y 401 el año pasado).

También han aumentado mucho los expedientes por ocupaciones ilegales, de los 29 de 2015 a los 146 de 2019.