Los promotores han presentado un informe en el que denuncian el retraso en la concesión de las licencias. | Teresa Ayuga

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La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba) dio a conocer ayer en la reunión de la Gerència d'Urbanisme de Palma un estudio en el que pone de manifiesto que de todas las licencias de obra tramitadas por el Ajuntament de Palma en 2020 un 36 % (hasta 451) tienen una antigüedad superior a 3 años, incluso con expedientes de los años 90; por el contrario, tan solo un 9 % de los expedientes tramitados son del año en curso (112).

Ante ello, los promotores alertan de que esta situación «está llevado al sector a una crisis de importancia, el retraso y la dificultad en las tramitaciones de las licencias está frenando inversiones y alejando al promotor tradicional de su finalidad de construir el producto que la sociedad demanda; estamos agravando el problema de la falta de vivienda digna y asequible y por ende de los alquileres».

Más aún, alertan de que «muchos puestos de trabajo del sector de la construcción y la industriales peligran ya en 2021 si no conseguimos tener a tiempo las licencias para relanzar la actividad».

Mejora del entorno

El informe indica que en 2020, un año marcado por la pandemia del coronavirus, han pasado por la Gerència d'Urbanisme 1.250 expedientes, 218 menos que el año anterior. La media mensual es de algo más de 100 expedientes tramitados, lo que se considera «del todo insuficiente para superar el bloqueo y atrasos en la concesión de las licencias conforme a los plazos legales».

El 14,3 % de las licencias otorgadas (179) fueron de obra nueva «y se observa un incremento de unidades en plurifamiliar», mientras que las demoliciones han descendido «lo que nos indica que la tendencia positiva de construir sobre lo construido está reduciéndose». También se lamenta «de nuevo la falta de trasparencia de este Ajuntament para proporcionar los datos de entradas de expedientes».

A la vista de este informe, el concejal del PP Julio Martínez mostró su preocupación por el hecho de que Cort tarde «entre uno y más de tres años en conceder el 91 % de las licencias urbanísticas». «Eso no solo representa un claro ejemplo de ineficacia del gobierno municipal sino que, además, supone un freno a la actividad del sector de la construcción», denunció.

Martínez destacó que «el plazo medio para conceder una licencia urbanística por parte de Cort se sitúa cercano a los dos años, lo que pone de manifiesto que los datos han empeorado con respecto al año 2019». Consideró que «es un escenario intolerable para una ciudad como Palma y más en las actuales circunstancias de crisis económica y laboral».

El regidor aseguró que «Palma necesita agilizar la concesión de estas licencias para generar empleo, y compensar la falta de actividad en otros sectores económicos», y reclamó al alcalde, José Hila, «un plan de choque para conseguir que un mínimo del 50 % de estas licencias se conceda en menos de un año».