En su intervención, la Coordinadora ha explicado que ante la pandemia «las administraciones necesitan consolidar los servicios públicos, y resolver la precariedad y carencia de estabilidad de los trabajadores públicos temporales».
Según han apuntado, las cifras de la temporalidad en las Islas se extienden desde el 66% en el Consell de Mallorca, 83% en el IMAS, 40% en el Ayuntamiento de Palma, 30% en los Servicios Generales, 28% en Educación, y 32% en Justicia.
Así, han recordado que el pasado 19 marzo el Tribunal de Justicia Europeo condenó la conducta de las administraciones públicas españolas por abusar de las contrataciones temporales de sus trabajadores. «En la sentencia se dejó claro que los procesos de estabilización y consolidación no pueden ser una medida adecuada para sancionar el abuso ni para reparar los daños a los afectados», han señalado.
Desde la Coordinadora han destacado que el trabajador es la víctima y no puede ser nunca la parte sancionada y han reclamado procesos selectivos de consolidación laboral que incluyan mecanismos especiales y extraordinarios que la normativa actual reconoce.
«La actual estrategia de estabilización laboral que se quiere impulsar desde diferentes administraciones supondría un coste económico, social y laboral para sancionar el abuso muy elevado, con el despido de trabajadores con edades con riesgo de exclusión social y laboral, mayoritariamente mujeres, y desmontando equipos de trabajo formados con dinero público durante muchos de años», han concluido.
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