Teresa Fullana sufre graves deficiencias en su vivienda, que adquirió en el año 1999. | M. À. Cañellas

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Varios pisos okupados, cuatro viviendas de bancos y un buen puñado de propietarios en el paro que tienen serios problemas para llenar la nevera por la crisis. Por si esto no fuera suficiente para los vecinos de la calle Santa Florentina 67, en Son Gotleu, en noviembre del año pasado pasaron por una Inspección Técnica de Edificio (ITE), que reveló graves carencias en el edificio. La situación económica de la mayoría de los residentes impide que puedan hacer frente a los 60.000 euros del presupuesto para arreglar las deficiencias.

«Si no hacemos las obras que nos reclama la ITE, el edificio corre peligro de derrumbe», explica una de las vecinas, Teresa Fullana, hija del poeta Guillem d'Efak. Su casa está en uno de los bajos y es de los que sufren más daños. Tiene goteras en la cocina por pérdidas por la bajante de aguas. El alicatado de la cocina está abombado y las tomas de corriente están afectadas por la humedad, por lo que la vivienda carece parcialmente de luz.

«Hemos agotado todos los plazos que nos ha dado el Ajuntament y si no llevamos a cabo los arreglos, nos caerá una multa. Pero es que el edificio tiene amianto, la vecina de al lado tiene el suelo hundido, el local de abajo también tiene problemas... No puedo dormir porque temo que se caiga el edificio si no hacemos los arreglos», dice esta vecina.

En el edificio viven familias con niños y temen que les desalojen por no cumplir con los arreglos que indica la ITE. Fullana advierte que «es verdad que hay vecinos que no pueden pagar pero hay otros que simplemente no se creen que el edificio esté en malas condiciones», dice mientras señala las numerosas deficiencias de su vivienda.

Luz Nancy Ramírez, presidenta de la comunidad, señala que «entre los pisos de bancos y los okupas tenemos bastantes viviendas que no se hacen cargo de la derrama. Somos 24 propietarios y si cada uno se hiciera cargo de la factura, podríamos hacer los arreglos». De momento, solo nueve vecinos están dispuestos a pagar, pero no se ven capaces de afrontar los más de 60.000 euros del presupuesto más económico.

«Nos hemos puesto en contacto con las entidades propietarias pero nos dicen que por la Ley de Protección de Datos no pueden informarnos de sus propiedades», se lamenta Ramírez. Los okupas suponen un serio problema para la comunidad: «Tienen enganchadas la luz y el agua».

Morosos

La única opción que tienen es pagar la derrama con urgencia y luego demandar a los morosos, «pero la comunidad no tiene dinero para hacerlo, nosotros no podemos pagar toda la obra. Y además, los hay que no pueden ni comer. ¿Cómo les vamos a hacer eso?», dice Ramírez.

El tiempo corre en contra de los residentes en este inmueble, que sigue deteriorándose por momentos. El informe de la ITE es contundente y habla de la necesidad de reparar de manera urgente las bajantes y la fachada, así como de conectarse a la red de alcantarillado público.