Imagen del antiguo emisor de Emaya que liberaba aguas residuales cuando llovía mucho. | GOB

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Un informe del Instituto Geológico y Minero de España constata la presencia de contaminación por metales pesados en la bahía de Palma. El documento ha sido incorporado a la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción 12 de Palma contra la antigua cúpula de Emaya por un posible delito contra el medio ambiente por los vertidos de aguas residuales.

El organismo oficial fue requerido por el juzgado para evaluar el alcance de la contaminación que sufre el fondo marino como consecuencia de los vertidos desde Palma. Los expertos han encontrado restos de metales pesados que se deben a la acción humana y que se relacionan con los vertidos de aguas fecales. Este informe refuerza otros ya presentes en la causa como el elaborado por el Seprona que relacionaba con las vertidos de Emaya la destrucción de posidonia en el fondo marino de la bahía. Enfrente hay otros documentos, como el elaborado por el Govern que incluyen otros elementos como causantes de los daños como la acción de embarcaciones o el tráfico marítimo en el puerto de Palma.

La causa por delito ambiental está a la espera de ser resuelta por el juzgado de Instrucción, aunque se ha pedido una prórroga en la investigación. Las defensas solicitaron su archivo hace más de un año y medio y la Fiscalía, por su parte, ha reclamado la continuación de las actuaciones a juicio y prevé acusar a la actual concejal de Urbanisme de Cort, Neus Truyol y a la antigua gerente de Emaya, Inmaculada Mayol, por su posible responsabilidad en los vertidos. Los vaivenes de jueces en Instrucción 12 en los últimos meses han contribuido a retrasar la resolución definitiva del asunto, aunque ahora toma posesión del mismo juzgado un juez titular que sustituye al anterior, jubilado por incapacidad. Así, será el nuevo magistrado el encargado de decidir si la causa llega o no a juicio.

En el mismo juzgado también hay abiertas unas diligencias a partir de otro informe del Instituto Geológico sobre el antiguo depósito de Son Reus. En esta ocasión se investiga si estas instalaciones contaminaron con metales pesados varios acuíferos de la zona. En torno a los vertidos a la bahía hay otra investigación judicial abierta en torno a la posible responsabilidad del Govern balear.