Vista aérea de viviendas de Palma. | Alejandro Sepúlveda - Palma

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La Junta de Gobierno del Ajuntament de Palma ha aprobado este miércoles el proyecto para modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el anterior sistema. El concejal de Hacienda, Innovación y Función Pública, Adrián García, ha explicado que esta adaptación se realiza dentro del plazo de seis meses que ha establecido el Ministerio de Hacienda en la Ley de Haciendas Locales.

El Ministerio aprobó un nuevo sistema al que deben adaptarse todos los municipios del Estado en ese plazo. García ha señalado que Cort lleva «siete años de gestión con los tributos congelados» y ha asegurado que «esta adecuación del tipo al nuevo cálculo no supone un incremento general de la recaudación». «El resultado anual será incluso menor que si se hubiera mantenido el impuesto de plusvalía tal y como estaba», ha incidido. Con esta modificación, habrá dos métodos de cálculo. Según el regidor, el contribuyente puede elegir el que le resulte más ventajoso, con la garantía de que si no hay incremento de valor no se pagará plusvalía.

García ha explicado que la primera fórmula, el método de estimación objetiva, sigue la línea original de establecer la base imponible del impuesto como resultado de multiplicar el valor catastral del inmueble por una serie de coeficientes (apenas décimas superiores al 0%). Con este sistema, las viviendas que hayan sido cinco o menos años, las más especulativas, serán más caras a priori. Las viviendas hasta unos quince años son las que menos gravamen tienen. Por otro lado, el segundo método es el de valoración real, con el que los contribuyentes tendrán la opción de tributar por la plusvalía real, que vendrá determinada por la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. «De esta forma, el nuevo método para el cálculo de la plusvalía no vulnera el principio de capacidad económica del contribuyente como criterio de imposición», ha subrayado el regidor.