El gerente de Urbanisme del Ajuntament de Palma, Joan Riera, en su despacho. | P. Pellicer

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El Plan General de Palma, que regirá el urbanismo de las próximas dos décadas, recibió esta semana alrededor de 600 alegaciones. La ciudad está sumergida en un debate urbanístico sobre qué quiere para su futuro y Joan Riera, gerente de Urbanisme, hace balance.

¿Qué valoración hace del número de alegaciones presentadas?
— Es un número razonable. Los interesados han tenido casi tres meses para estudiar el plan y mirárselo. Estos números son totalmente normales. Es un plan que se aprueba cada veinte años y es positivo este grado de participación. Lo contrario sería preocupante, el visor urbanístico ha facilitado que más gente se pueda estudiar el plan.

¿La pandemia ha dificultado la finalización del Plan General?
— Quizás hubiese sido más fácil pero tampoco es muy relevante. Hemos recurrido al equipo más potente en urbanismo de Andalucía. Cuentan con experiencia internacional. En nuestra oficina trabajan 15 personas y ha sido un complemento muy adecuado a esta asistencia técnica. En nuestro equipo ya había personas que han participado en el proceso del plan de 1998. Tenían experiencia previa.

Hay dudas sobre la viabilidad económica de este planteamiento.
— Las inversiones estimadas son inferiores a las previstas en el plan de 1998. Hay determinadas actuaciones que son competencia de otras administraciones, que son compartidas o que se actúa en terrenos de otra. Es evidente que se busca la colaboración. Es el caso de las depuradoras o proyectos viarios. El horizonte es a veinte años y el Govern balear y el Consell de Mallorca invertirán en Palma, también habrá fondos europeos. Creo que es una cifra realista.

El PP amenazó con llevar el Plan General a los tribunales.
— El debate que se está llevando a cabo en torno al PGOU es sano, lógico y necesario. Pero hay muchas formas de intervenir y no tiene sentido hacerlo a pedradas. Hay gente que entra en el debate por intereses de partido frente al interés general. La única ideología del Plan General está relacionada con la sostenibilidad medioambiental (vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) y social, en relación con el aumento del parque de viviendas asequibles.

En este debate se han presentado quejas en todos los sentidos.
— Hay gente que dice que es demasiado expansionista y deberían eliminarse casi todos los suelos urbanizables. Otros, en cambio, quieren más. En este Plan General se eliminan 230 hectáreas de las 490 previstas en 1998 y pese a esta reducción, se incrementan un 83 por ciento las viviendas. Damos respuesta a la demanda de más vivienda consumiendo menos suelo. Hay un esfuerzo por consumir menos territorio y lo ocupamos de la forma más racional posible.

También hay quejas por la expropiación de solares y edificios.
— Hay alegaciones que señalan que el plan es demasiado intervencionista por expropiar solares no edificados. El Plan General recoge toda la legislación urbanística desde 1956. También hay otras aportaciones de vecinos sobre su barrio, que por proximidad han detectado la necesidad de ajustar el plan, a las que daremos respuesta y con los que tendremos una reunión. El plan es negociable y por eso cuenta con el periodo de alegaciones, para ajustar lo que sea necesario. Es un derecho que siempre se reservó la Administración que se ha ejercido poco, para evitar la especulación.

¿Será el caso de Son Sardina donde se construirán 468 viviendas?
— Nos hemos reunido con ellos cuatro veces y vamos a volver a ajustar lo que sea necesario para que el crecimiento quede más adecuado e integrado con el lugar. Muchas cosas sobre las que se han presentado alegaciones habíamos recibido antes comunicación de los vecinos y particulares y ya se han estado trabajando. Habrá ajustes.

Otra fuente de alegaciones son por la supuesta falta de participación.
— Basta mirar la memoria participativa para ver la cantidad de momentos en los que hubo participación. También en 2020 se expuso el documento previo que ya contenía todas las determinaciones estructurales del plan. Ese texto previo se expuso a todos los partidos de la oposición y a las asociaciones en el marco del Consell del Model de Ciutat y la acogida fue positiva.

Afedeco y Pimeco consideran que en los nuevos desarrollos se realizarán centros comerciales.
— Es radicalmente lo contrario. Eliminamos los polígonos comerciales, que estaba previsto que fueran 430.000 metros cuadrados y equivalen a 10 centros comerciales, y lo sustituimos por comercio de barrio. En el plan se elimina el suelo terciario que podría dar lugar a grandes superficies y se resitúa en los barrios o nuevos crecimientos con mezcla de usos (70 por ciento residencial y 30 por ciento para actividades como pequeño comercio u oficinas). Se fomenta el pequeño y mediano comercio. Con 93.000 metros cuadrados, Ses Fontanelles iba a ser el mayor centro comercial de Balears.

¿Qué pasará tras recoger las alegaciones?
— Vamos a analizarlas e incorporar los cambios que se consideren. Habrá reuniones con asociaciones y vecinos y después estaremos a la espera de informes de diferentes administraciones u organismos para redactar el documento definitivo. Nuestro objetivo es que esté listo a finales de año para su aprobación definitiva.

¿Cómo afrontan la llegada de estas alegaciones?
— Palma necesita un mayor espíritu constructivo: menos pedradas y más racionalidad y serenidad. El Plan General plantea oportunidades y desafíos que tiene la ciudad, los identifica y genera un marco de posibilidades que luego desarrollarán los diferentes equipos de gobierno según sus prioridades.