Neus Truyol, regidora de Model de Ciutat del Ajuntament. | Ultima Hora -

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El Ajuntament de Palma, a través del departamento de Disciplina Urbanística, ha impuesto un total de 64 sanciones por la realización de obras irregulares o legalizadas fuera de plazo durante los seis primeros meses de este año, según informaron fuentes municipales. Estas sanciones, que suman un importe de casi 1,5 millones de euros, son muchas menos que la registradas durante el mismo periodo de 2021 cuando las cifras se dispararon y Cort impuso, en el primer semestre, 105 sanciones por incumplimiento de la normativa urbanística con una recaudación cercana a los 4,5 millones de euros.

Las cifras de la primera mitad de este año son similares, por tanto, a las registradas durante el año 2020 cuando en los doce meses se impusieron 104 multas con un importe de 1,2 millones. El incremento del 200 por ciento en las sanciones y del 500 por ciento de la recaudación que se registró puntualmente el año pasado responde al cambio de normativa que se hizo para, según fuentes de Urbanisme, «estimular el cumplimiento de las ordenanzas».

Cabe recordar que, tras la citada modificación, que vino acompañada de un refuerzo del departamento de Disciplina Urbanística para mejorar su eficacia, fue cuando se produjo el incremento de sanciones que ha recuperado este año los niveles habituales.

Antes, si una obra sin licencia se legalizaba en un término de dos meses desde que se abría el expediente la sanción se reducía en un 95 por ciento. Tras el cambio de la normativa autonómica, solicitada en su día por el Ajuntament, la bonificación de la multa por ajustar la obra a derecho se limitó al 50 por ciento. «Con este control por parte de la Administración no es tan rentable hacer obras que no cumplan la normativa», aseguraron desde el departamento municipal en una nota de prensa.

Multas «coercitivas»

También, en este sentido, destacaron que cuando no se cumplen las órdenes de demolición de las obras ilegales el área puede imponer hasta 12 multas «coercitivas» de 10 por ciento del valor del proyecto, con un mínimo de 600 euros, hasta que el propietarios la tire. Por esta vía, según las mismas fuentes, se han puesto sanciones este semestre de 195.000 euros, mientras que en el año pasado, por este concepto, se recaudaron 450.000 euros.