Un vehículo eléctrico de Correos por las calles de Palma. | Julián Aguirre

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El Ajuntament hará un contrato «puente» para que Correos reparta sus notificaciones en Palma durante tres meses ya que el contrato con la actual concesionaria, CI Postal, acaba el 31 de este mes y el nuevo pliego de condiciones no se resolverá hasta final de junio, tal y como confirmó el regidor de Justicia Social, Alberto Jarabo. Cort, tal y como publicó este diario, ya había decidido no prorrogar su relación con CI Postal por los problemas con las notificaciones de multas, dos ex trabajadores de la empresa están imputados por falsificar el acuse de recibo, lo que provocó que muchos ciudadanos las recibieran con recargo, e incluso con embargos, y que se organizaran para denunciar la vulneración de sus derechos. Estas incidencias, unidas a los retrasos detectados en la entregas, fueron determinantes para que el Consistorio optara por sacar un nuevo concurso.

El problema, según destacó Jarabo, es que entre que se rescinde el antiguo y se resuelve el nuevo, el Ajuntament estaría sin servicio unos tres meses por lo que se ha habilitado este contrato provisional «para evitar el caos» ya que se están enviando unas 30.000 notificaciones mensuales en el municipio y que, al menos en lo que se refiere a las sanciones, hay unos plazos de tramitación marcado por ley. El servicio «puente» se ha asignado a Correos, que ya se encargaba del lote 2 del contrato, que son los repartos fuera de Palma, unas 17.000 cartas al mes. En este sentido, el regidor destacó que con esta asignación «se asegura y garantiza que las notificaciones lleguen a los ciudadanos en tiempo y forma».

El regidor no pudo precisar el coste de esta solución «temporal» ya que se se abona por carta entregada y depende del volumen de entregas. Jarabo, igualmente, recordó que el nuevo contrato incluirá una serie de condiciones «para que no se vuelvan a repetir errores». Entre ellas, destacó, se ha incrementado el presupuesto del servicio, que pasa de 3,2 a 5 millones anuales, «dado el incremento de sanciones desde agosto de 2021». También se establecen, entre otros, un número mínimo de trabajadores, vehículos y oficinas, así como la obligación de tener un servicio de atención al ciudadano y un sistema de geolocalización