Los miembros de la plataforma se reunieron hace meses con Cort para explicarles la problemática. En la imagen su portavoz, Jaume Escales, con los regidores Dalmau y Jarabo al fondo. | Artist-freed

TW
9

La plataforma ciudadana 'Stop Multes Sense Notificació' asegura que en los dos últimos dos años y medio, entre el 2021 y lo que va de 2023, han detectado 170.810 expedientes de sanciones sin notificar, según un estudio que han realizado basándose en los avisos publicados en el BOIB. Esto implica, según aseguran, que 3 de cada 4 euros de los que ha recaudado el Ajuntament por este concepto son «un robo, un fraude y un engaño».

Los afectados, que se han organizado y estudian reclamar por vía judicial para que el Consistorio asuma su responsabilidad, elimine los recargos y permita el pronto pago de las sanciones no notificadas, se han organizado en grupos de trabajo y han ido revisando cada uno de los boletines oficiales y contabilizando los casos en los que el propio Cort publica los avisos «por no haber estado posible la notificación». Así, según sus cuentas, en el año 2021 fueron 62.173 las multas no notificadas, cifra que ascendió a las 81.748 durante el 2022 y a un total de 28.873 en lo que va de ejercicio. El problema para los afectados es que estas irregularidades, y la falta de conocimiento de haber sido sancionados, acaba con un recargo y, a menudo, en un embargo por parte de la Agencia Tributaria.

La cuestión, según destaca un portavoz de la plataforma, es que la normativa establece que los afectados tienen un plazo de 20 días para el pronto pago pero, también, tienen otro periodo en el que tienen que abonarla integra o, en su defecto, identificar al conductor. Una vez superado el citado plazo, y si no se ha abonado, la multa de tráfico se elimina y se sustituye por el expediente de no identificación y se aplica un recargo que, por ejemplo, hace que una sanción de 100 euros, que por pronto pago se quedaría en 50, finalmente asciende a 360 euros. «El incremento de la recaudación por parte del Ajuntament no es por las infracciones de tráfico sino por, al no haber notificado en tiempo y forma, no identificar al conductor», aseguran.

De hecho, siempre según sus cálculos, de los 30 millones que ingresó Cort por este concepto durante el año 2022, cerca de 23 millones «fueron recaudados de forma fraudulenta» ya que corresponden a sanciones por no determinar quien conducía en el momento de la infracción. La plataforma ha reclamado saber cuantas de las sanciones se han cobrado en fase voluntaria y cuantas en fase ejecutiva pero, denuncian, «estos datos no se hacen públicos desde 2017».

El apunte

El Ajuntament da por notificadas las multas publicadas en el BOIB

Desde el Ajuntament de Palma aseguraron que «no les constan» estas cifras y consideran que, una vez publicadas en el BOIB tras dos intentos de entrega en el domicilio, las sanciones se dan por notificadas, ya que es uno de los medios de aviso autorizados por la normativa. En este sentido, las mismas fuentes, informaron que a día de hoy, debido al traspaso del servicio de notificación de la empresa anterior, CI Postal, a Correos, sólo quedan por entregar 10.700 documentos, siendo 8.842 multas y las otras 1,858 notificaciones ordinarias.