Se piden más vigilancia en los patinetes eléctricos compartidos

Se piden más vigilancia en los patinetes eléctricos compartidos. | Efe

Sabrina VidalPalma23/09/23 0:29
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Poco margen tienen los ayuntamientos con la normativa de Seguridad Vial que viene marcada por la Dirección General de Tráfico (DGT), de regular mejor los vehículos de movilidad personal. Sin embargo existe la voluntad de Cort de, en primer lugar, hacer una nueva ordenanza cívica y, si se puede, una normativa específica para los patinetes eléctricos. La finalidad es, por lo pronto, incrementar las sanciones para todas las infracciones que ya están estipuladas.

En este sentido, la Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, advierte de que sobre su mesa hay 1.500 firmas recogidas, en un solo fin de semana, por la Plataforma Patinetes y Bici a Raya. Solicitan unas reglas más claras y su cumplimento para garantizar la seguridad vial. Así pues, la Defensora entiende la propuesta de sanciones pero pide más valentía en otras medidas como sería, por ejemplo, que el Ajuntament o bien la Federació d'Entitats Locals de Balears (FELIB) se dirija a la DGT para que endurezcan el control y las medidas de seguridad de todos los vehículos de movilidad personal.

Como se recordará, a partir del próximo 1 de enero queda prohibida la venta de este medio de transporte sin homologación, pero queda pendiente el hecho de imponer casco en sus usuarios o bien que requieran de una matriculación.

Lo importante, según Moilanen, es que en primer lugar que los usuarios sientan que llevan un vehículo más, «que no se sientan que son peatones que van más rápido» y en segundo lugar, que haya un mayor control y prevención en su uso. «Ahora es habitual ver a dos personas sobre el mismo vehículo, con exceso de velocidad encima de las aceras o en contradirección», señala.

Por otra parte, se solicita que pidan un seguro de responsabilidad civil para que los accidentes, cada vez más habituales, queden cubiertos.

La Defensora de la Ciutadania queda pendiente de ver los próximos movimientos de la DGT quien marca la legalidad de rango más superior y del Ajuntament de Palma, en segunda instancia, de quien espera más ambición, para realizar otra serie de recomendaciones que buscan la pacificación de la movilidad. «Hay que incrementar la vigilancia policial pero también apostar por la seguridad vial, más que por la persecución», señala.