La empresa ha iniciado los trabajos de descontaminación. | Teresa Ayuga

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La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa que gestiona la gasolinera de la Plaça Progrés por retrasarse en el plazo de descontaminación del suelo que expiró el pasado mes de julio.

La operación está en marcha y el Govern está vigilando de cerca los movimientos para establecer la cantidad económica de la multa aunque al tratarse de una infracción grave, la horquilla se establece entre los 9.000 y los 300.000 euros.

Como se recordará, ya en 2021, un informe ambiental encargado por la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) a una empresa externa para conocer el estado de este terreno para la construcción de un aparcamiento subterráneo público, desveló que la contaminación del suelo.

La empresa responsable, Febrer, era la encargada de estudiar su alcance y de proceder a la descontaminación. Con el cambio de Govern ha sido, también, quien ha advertido al departamento de Residus de cómo evolucionaba este proceso que dos años después sigue sin resolverse. El primer paso, explican, es retirar el hidrocarburo líquido del depósito.

Está en manos de Febrer el marcar los tiempos de descontaminación del suelo que todavía está en la fase inicial. No sólo debe retirar el hidrocarburo, cortar los fluidos y evitar las filtraciones, también debería comunicar el cese de su actividad económica aunque ni siquiera en este extremo la empresa quedaría exenta de realizar los trabajos medio ambientales.

Por su parte, el Ajuntament de Palma reconoce que no ha recibido ninguna notificación al respecto. Ni de la evolución de este expediente, ni del proceso de desmantelación al que está obligada la gasolinera que sigue operando con normalidad tras haber caducado su concesión desde el año 2008.

El anterior ejecutivo inició los trámites administrativos para imponerles multas coercitivas por este asunto y forzar así su desmantelamiento. Cada ocho días, esta gasolinera así como la de Avingudes que está en una situación similar, deben pagar sendas multas por valor de 40.000 euros.

Cort pretendía de esta manera recuperar el dominio público de las gasolineras. Argumentaba que, al menos en Plaça Progrés la concesión caducó hace 15 años y que la empresa lleva desde 1985 sin pagar ni el canon ni las tasas municipales.