Sebastià Jornet: «La vivienda social se usó en España para el negocio y ha sido un error garrafal»

En Palma ha aflorado una bolsa de infravivienda en sótanos y trasteros. ¿Es el precio del éxito turístico e inmobiliario?
En Barcelona funciona muy bien el ejercicio de la disciplina. Y gracias a la intervención popular, porque no puedes tener ojos en todas partes. Si se garantiza discreción y anonimato, la gente se siente cómoda hablando. Ciudades como Madrid, Donostia, Barcelona o Palma son muy apetecibles para negocios varios, de especulaciones, aprovechando que la vivienda es carísima. O para poner en el mercado algo que no debería ser llamada vivienda porque no cumple con las condiciones. Todo pasa por la disciplina: si no multas, irá a toda velocidad.

¿Qué es un barrio vulnerable?
Cada caso es singular y único. Por eso utilizo siempre siete indicadores que he aplicado en barrios como La Mina (Barcelona). El primero de ellos es la localización. Hay barrios que están en una posición central, lo que hace que corran más peligro de sufrir la gentrificación. Si están fuera de foco, en la periferia, es imposible que la haya, por lo no subirá el valor de las viviendas. Otro indicador es la condición social: quién vive, la educación, la renta, qué oportunidades tienen, cómo llegan a final de mes, los servicios de los que disponen... La vulnerabilidad económica lleva a otras vulnerabilidades. También miramos la habitabilidad, es decir, las condiciones de la vivienda. Otro indicador son los equipamientos públicos y los espacios verdes, donde se ejerce la prostitución o se vende droga.

Cada barrio es un mundo, entonces.
Están los que se encuentran en los centros históricos, los suburbanos, que tienen viviendas autoconstruidas o barracas, y los polígonos residenciales. Tras la II Guerra Mundial toda Europa se lanza a hacer polígonos residenciales. En un principio, en la Dictadura se destinaban a vivienda social pero aquí en España ya han pasado al mercado privado. El error fue tratar la vivienda protegida como un negocio, no como un derecho. La vivienda se ha utilizado para guardar dinero, para la especulación, y ha sido un error garrafal. Esas viviendas sociales se han pagado con ayudas públicas y al cabo de un tiempo caducaron. Según la economista Carmen Trilla, especializada en vivienda social y política pública, si no hubiesen caducado [por lo que pasaron a ser calificadas privadas], seríamos el país europeo con más vivienda social. Ahora supone solo un 2 por ciento de la planta de España pero si no hubiese cambiado su calificación, supondría el 40 por ciento de todas las viviendas del país.

La vivienda pública tiene cierto estigma.
No es para pobres, sino para jóvenes y clases populares, pero no hemos mandado bien el mensaje. En el País Vasco, en un plan parcial las reservas para vivienda protegida son del 75 por ciento. Los vascos tienen asumido que la vivienda social es para que los jóvenes se puedan ir de casa. Antes se independizaban a los veintiséis años. Hoy los jóvenes comparten piso. O nos ponemos a trabajar en serio o no podrán acceder a una vivienda.

Cuando habla de intervenir en un barrio vulnerable se teme a la gentrificación.
Se da en pocos barrios vulnerables salvo que esté en una posición central o haya reformas estructurales muy importantes, como museos o grandes equipamientos. Por cada euro de la administración invertido en estos barrios hay otros diez euros de inversión privada. Hay un efecto tractor. Otra cosa es si este barrio está en un centro histórico. Si quieres recuperar un barrio, lo que podría incrementar las rentas de vivienda, la administración tiene que dotar de un contingente de pisos para aquellos que puedan ser desplazados.

También inciden en estos barrios los ejes cívicos, como el que se planeaba en Cotlliure, aunque ya no sigue adelante.
En el caso de Barcelona, lo mejor que le ha podido ocurrir ha sido el eje verde de Consell de Cent, seguido del 22@ y los Juegos Olímpicos del 92, que fueron algo más que un puñado de viviendas de instalaciones: trajeron un nuevo modelo de ciudad. Que no me toquen el eje de Consell de Cent.

Ahora mismo está con el Plan General de Felanitx.
Ahora esperamos unos informes. Es un martirio, una maratón constante. El urbanismo es como una maratón, una prueba de resistencia. La media para elaborar un plan general es de ocho años y tiene una duración de unos 20 años. La Ley de Urbanismo balear determina que hay que diferenciar un plan estructural y un plan de ordenación detallada. Ahora es el doble de difícil y hace que se alarguen más en el tiempo.

A sus espaldas lleva más de treinta planes generales en toda España y parece que su tramitación es muy larga.
Te ponen una cantidad de informes que no se acaban nunca. Igual cincuenta o sesenta informes sectoriales. He perdido la cuenta. Cuando hicimos la aprobación inicial del Plan General de Felanitx paramos el reloj de la contratación porque nos faltaban informes. La mayor parte de ellos eran vinculantes.

El nuevo Plan General de Palma recibió alrededor de 900 alegaciones. ¿Son muchas?
En cada plan podemos recibir centenares. En el caso de Manacor [unos 43.000 vecinos] contamos más de 900 alegaciones y en el de Tortosa [con alrededor de 33.000 habitantes] recibimos alrededor de 1.300. Ahora es obligado que la administración fomente la transparencia y también la participación ciudadana con talleres, reuniones, portal web. Cualquier vecino puede saber lo que se hace en Palma y puede presentar la alegación por Internet, aunque sea de Australia. Que un Plan General tenga muchas alegaciones, y yo llevo hechos más de treinta, es bueno, porque significa que ha habido mucha participación. Y las alegaciones pueden ser estimadas (lo que significa que son constructivas y se añaden al Plan), estimadas en parte o desestimadas.

¿Qué papel cumplen los urbanistas?
Somos como los fontaneros de la ciudad. Alguna cosa habremos hecho bien.