Turistas en busca de alquiler turístico en el centro de Palma. | R.L.

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Palma se ha unido a otras 15 ciudades españolas para reclamar restricciones a la especulación y una regulación de precios de la vivienda. «Hay que ponerle coto al mercado, en todos los barrios de Palma hay serios problemas con el alquiler. Lo estamos viendo en Son Roca, donde no hay oferta, o en Son Gotleu, donde se piden 1.000 euros por pisos en mal estado y ya hay oferta de alquiler turístico», señaló ayer Maribel Alcázar, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

Palma forma parte de la Declaración de Barcelona, donde las asociaciones vecinales de 15 ciudades españolas han reclamado en un documento la aplicación de la Ley de Vivienda, regular el alquiler de temporada y turístico, acabar con la golden visa (que otorga la nacionalidad a extranjeros que adquieran una vivienda de más de 500.000 euros) e incrementar el número de viviendas protegidas.

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma se ha unido a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) al presentar el pasado lunes una estrategia común por los problemas de vivienda, tal y como informa El País. Además de Palma, participan ciudades y comunidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Córdoba, Murcia, Valladolid, Gijón, Menorca, Sevilla, Vigo, A Coruña, Bilbao, Elche.

Contagio

«No niego a la posibilidad de que se especule, pero cuando resulta que el problema se contagia al resto de la ciudad, hay que poner el freno», señaló Alcàzar. Y advirtió sobre «la especulación de los extranjeros a los que los residentes les importan un pimiento, mientras que se dirigen a ofertar plazas a turistas, lo que les permite cobrar 200 euros la noche. Por tanto, la vivienda asequible sale del mercado».

Alcázar se une a la corriente de federaciones y asociaciones vecinales de toda España que aseguran que «hay que poner limitaciones y poner el alquiler en el espacio vital de los ciudadanos. Lo que no es posible es que convirtamos al mercado en el sancta santorum, porque el mercado no se regula solo. Lo estamos viendo ahora mismo. ¿La vivienda es un derecho o una mercancía? Necesitamos instituciones que protejan el derecho al acceso a la vivienda».