La reunión se llevó a cabo a petición de la CEAV, ya que la ministra se está reuniendo con todos los sectores implicados en vivienda y agenda urbana. | R.L.

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Los pisos turísticos han centrado la reunión entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, que tuvo lugar el pasado martes. En este encuentro con entidades vecinales, agrupadas en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), participaron diferentes federaciones de asociaciones de vecinos de Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Asturias, Baleares, Aragón, Castilla y León y Sevilla.

La reunión se llevó a cabo a petición de la CEAV, ya que la ministra se está reuniendo con todos los sectores implicados en vivienda y agenda urbana, pero no había convocado a las entidades vecinales. «Un olvido que contrasta con el discurso en el que advierte que las asociaciones vecinales son una expresión de la democracia y que se reconoce el trabajo que realizan en ciudades, pueblos y barrios», señaló la entidad en una nota.

En la reunión intervinieron las federaciones de Madrid, Valencia y Palma. Precisamente los representantes de la Federació de Palma pusieron de relieve la manifestación celebrada el pasado 21 de julio, «en la cual el problema de la vivienda fue una parte esencial de la motivación para participar». También se habló del alquiler turístico y Palma planteó «la importancia de prohibirlo directamente en edificios plurifamiliares».

«En nuestra intervención planteamos que no nos parece coherente definir la vivienda como un derecho fundamental y ahora introducir en los espacios residenciales una actividad comercial y de servicios turísticos que tiene la vivienda como un medio de producción. No son solo molestias: es gentrificación», advierte la Federació, que añadió que «no es solo un problema de alquiler, sino también para comprar, por la subida de precios e intereses que obliga a utilizar más del 50 por ciento de los ingresos para pagar hipotecas». También denunciaron «una legislación tremendamente garantista/proteccionista con el infractor que explota viviendas de alquiler turístico de manera ilegal pero deja desprotegido al resto del vecindario que padece las consecuencias».