Cort derribó fortificaciones ilegales en el poblado de Son Banya el pasado junio. | Alejandro Sepúlveda -

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El desmantelamiento de Son Banya se estanca. El Ajuntament de Palma tiene contabilizadas 40 familias vulnerables, generalmente con menores, que quieren abandonar voluntariamente el poblado, pero la administración no tiene margen para ofrecerles un alojamiento alternativo. De momento, el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) ha cedido a Cort tres pisos que se han entregado ya a familias del poblado.

En cualquier caso, la carestía de vivienda en Balears hace muy complicado poder dar salida a estas personas. También es la razón por la que no se han ejecutado casi medio centenar de órdenes de desahucio de residentes que no quieren irse (más otra decena de procesos todavía sin sentencia firme). Precisamente, la lentitud de este tipo de procedimientos añade otro grado de dificultad al desmantelamiento, ya que mientras se tramitan los desalojos el poblado continúa en constante evolución: aunque se derriben unas edificaciones, rápidamente aparecen otras, y la población de Son Banya también fluctúa. El último recuento municipal arroja una cifra de unos 200 residentes en unas 80 infraviviendas.

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Todos estos datos los ofreció el área de Benestar Social en la comisión de Son Banya convocada este miércoles a petición de Més per Palma. Los ecosoberanistas reclamaban conocer qué actuaciones está llevando a cabo el Ajuntament «después de un año y medio sin noticias». Cabe recordar que en Palma se firmó un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en 2018 (después se incorporó Vox) para el desmantelamiento del poblado, con la previsión de haberlo completado en 2023. Caducó sin haber conseguido ese objetivo.

Por ello, Més ha planteado al resto de grupos renovar este acuerdo. Desde el equipo de gobierno expusieron que hay planes para elaborar un nuevo documento adaptado a la realidad actual y los ecosoberanistas solicitaron dar prioridad a las 40 familias dispuestas a salir de Son Banya. Además, Més ha animado al PP a «rectificar» y utilizar los 20 millones de euros de la compra de Gesa a adquirir 100 pisos para destinarlos a vivienda social, «en lugar de desperdiciarlos en un museo para turistas».

Para el regidor Miquel Àngel Contreras, la apuesta presupuestaria por el edificio de la Façana Marítima «es una cuestión de prioridades» y constituye «un error gravísimo» dada la situación del mercado de la vivienda. Los ecosoberanistas culpan al PP por haber dejado el pacto de desmantelamiento «en vía muerta» y le urgen a ponerse manos a la obra.