El sótano fue reconvertido en precarios habitáculos independientes con una zona común. | P. Pellicer

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El titular de las infraviviendas de la calle Joan Miró suma una nueva multa. El área de Urbanisme del Ajuntament de Palma plantea una sanción de 258.543 euros por una infracción urbanística, dentro de un expediente iniciado a instancias de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) a finales de 2015. El afectado tiene 15 días para presentar alegaciones.

La sanción se dirige contra una empresa, administrada por un policía local que fue apartado del servicio con suspensión de empleo y sueldo durante dos años y cuatro meses. La multa de Urbanisme penaliza el uso no permitido de la propiedad como vivienda, de acuerdo con el Plan General y las leyes urbanísticas. Según la ficha catastral, se trata de dos inmuebles de uso comercial (el edificio era antiguamente un hotel): uno de 256 metros cuadrados y otro de 244 metros cuadrados, ambos en el sótano.

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Como destapó en primicia este diario, en realidad, los espacios se han dividido en una treintena de infraviviendas, trasteros sin ventilación ni iluminación convertidos en precarios dormitorios con una zona común. El arrendador fue detenido en 2023 por la Policía Nacional. Los inquilinos, inmigrantes en situación irregular, pagaban entre 300 y 750 euros mensuales por diez metros cuadrados, a precio de villa de lujo de Son Vida.

En el expediente que ahora ha pasado por Urbanisme, las irregularidades fueron denunciadas por la Hacienda estatal en diciembre de 2015. La Policía Local emitió un informe en septiembre de 2016 y los inspectores de la Dirección General de Habitatge y Arquitectura emitieron sus actas en marzo de 2023. Los trámites estaban pendientes de un informe técnico de valoración del inmueble para calcular la cuantía de la multa, un documento que se ha entregado este mes de octubre. La irregularidad se ha calificado como una infracción urbanística grave y la sanción propuesta representa el 75 % del valor del inmueble. En caso de que la empresa no recurra y efectúe un pago anticipado, podrá beneficiarse de una reducción del 40 %, lo que dejaría la multa en 155.126 euros.

Multado con 2 millones por el Govern

El propietario de las infraviviendas sigue exigiendo el pago de las rentas a los inquilinos, mientras que éstos afirman que han pagado pero no se les ha emitido recibo alguno. Los residentes denunciaron al dueño el año pasado por el mal estado del lugar. Los alquileres siguen en marcha pese a que la Conselleria d’Habitatge del Govern impuso al policía local una multa histórica de dos millones de euros, tras localizar 68 habitáculos irregulares en esta zona de Gomila así como en Foners y Sa Indioteria.