Joan Ferrer, mostrando la última notificación y los recursos presentados. | F.F.

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Joan Ferrer, un vecino jubilado de la barriada palmesana de Sant Jordi, tiene apenas unos pocos días para abonar una multa de tráfico impuesta por la Policía Local de Palma el pasado mes de febrero, pero que supuestamente le fue notificada en abril y no llegó hasta sus manos realmente hasta agosto. En ese momento, se quedó sin palabras al ver el importe de la misma: 1.200 euros. Desde entonces, se ha visto inmerso en un intercambio de alegaciones y recursos que expirará en unos días.

La sanción se le interpuso a un vehículo a su nombre, pero que conducía su hijo y que ya ha sido dado de baja. El lugar de la infracción fue la calle Manacor de Palma y la fecha el pasado 16 de febrero. El motivo, un exceso de velocidad al circular en un tramo delimitado a 30 kilómetros por hora a una velocidad entre 61 y 70, a lo que se sumó no poder «identificar verazmente al conductor».

Lo que molesta a este ciudadano es haber recibido la sanción meses después, medio año nada menos, y sin opción a la reducción del importe inicial del 50%. «Si la infracción existe, lo pago. Pero es que no me han dado opción a poder hacerlo con la rebaja y me indigna haber hecho todo lo posible para pagarla así y no que no me dejen», lamenta Joan, quien no quiere «pensar mal», señalando que un vecino de su misma calle, en las mismas fechas de la supuesta notificación que nunca recibió «también ha tenido que pagar otra multa de 300 euros sin derecho al 50% de reducción. Es curioso, ¿no le parece», asegura molesto.

Tras un tira y afloja con el Ajuntament de Palma, desde Cort le aseguran que la notificación de la sanción fue entregada «en tiempo y forma y con opción a reducción del 50% en un plazo de veinte días», algo que Ferrer niega tajantemente. La empresa de reparto dice que se le intentó localizar los días 22 y 25 de abril a mediodía y por la tarde. Y esos días, a las horas que dicen, yo estaba en casa con mi mujer, que tenía por entonces unos problemas de salud y por ello no podíamos movernos mucho», relata este ciudadano del Pla de Sant Jordi.

«Nunca llegó nada ni vino nadie»

«Dicen que dejaron un aviso en el buzón y que llamaron a la puerta, pero nunca llegó nada ni vino nadie», asegura molesto por la situación, que le lleva a tener que abonar ese importe antes del 12 de diciembre para no exponerse a nuevos recargos y sanciones de mayor calado. «Nunca hemos recibido nada en esas fechas, no fue hasta agosto... y no quiero seguir pensando mal y relacionar esto con todas esas notificaciones de multas y sanciones que aparecieron tiradas por ahí, en torrentes o en la basura, y no se entregaron», dice.

«¿Por qué no me llegó la primera sanción?», se pregunta reiteradamente, a la vez que recuerda que «con una pensión de 700 y pico euros, ahora me veo teniendo que pagar una multa de 1.200 (más cuatro puntos del carné de conducir retirados) que no sé de cuántos euros era cuando se debió notificarme de inicio», prosigue Joan Ferrer, quien en sus recursos expuso que no recibió las notificaciones iniciales en abril, «como dicen desde la empresa de reparto».

Desesperado al ver que el tiempo corre en su contra y el Ajuntament de Palma no cede ni da opciones, «no sé qué hacer y dónde ir, porque me siento abandonado y desasistido por mi ayuntamiento», asegura Joan Ferrer, que se ha visto inmerso en un asunto que lleva meses quitándole horas de sueño.