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La aprobación inicial de la nueva normativa cívica este jueves en el pleno del Ajuntament de Palma ha reunido a caravanistas de uso turístico pero también a residentes de estos vehículos en la plaza de Cort. El motivo es que en uno de los puntos se prohíbe el estacionamiento durante más de diez días en un mismo espacio. El presidente de la Plataforma Autocaravanas Autónoma (PACA), Jesús Gallardo, ha anunciado que si se aprueba la ordenanza cívica, tal y como ha ocurrido en el pleno con los votos de PP y Vox, «presentaremos un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso porque se está cometiendo prevaricación».

Gallardo aseguró que «se están detectando ciertas ilegalidades y dentro el padrón nos están diciendo que se cometen irregularidades a sabiendas. Eso es prevaricación. El alcalde no quiere empadronar a las personas en las caravanas y a los que viven en la calle. Es algo ilícito porque el padrón está obligado a registrarlos».

El presidente de la plataforma nacional, que ha venido este jueves a Palma para protestar contra la aprobación inicial de la ordenanza cívica, advirtió ante el edificio de Cort que «los vehículos vivienda sí pueden estar estacionados como otros vehículos», lo que afecta a todo tipo de caravanas, ya sean de uso turístico como residencial, que se reúnen en varios puntos de Palma donde se concentran personas que no tienen acceso a una vivienda asequible. Y aseguró que «en España es obligatorio estar empadronado pero el Ajuntament de Palma no lo cumple. Presuntamente están incumpliendo la ley porque se permite pernoctar todo vehículo homologado. A estos políticos sé que no les gustan las caravanas».

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También con motivo de la ordenanza cívica que pone en serios aprietos a las caravanas, en la plaza de Cort se han manifestado alrededor de una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), residentes en los asentamientos y artistas que no podrán actuar en la calle. Lo han hecho rodeados de fuertes medidas de seguridad, ya que hacía una veintena de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, además de de dos furgones policiales y miembros de la policía montana.

En la protesta ante la sede de Ajuntament, miembros de la PAH han denunciado que «esta ordenanza cívica es una locura, una barbarie. No están haciendo nada para las personas vulnerables ni mileuristas. Las inmobiliarias no alquilan pisos a gente con niños ni perros, mientras se están pidiendo 1.600 euros por pisos en Son Rapinya o Sa Vileta. Necesitamos viviendas, no multas».

Ángela Pons aseguró que «los albergues están llenos mientras las familias que viven en caravanas denuncian que sus hijos están durmiendo a temperaturas que apenas llegan a los dos grados centígrados por la noche. Mientras tanto, el alcalde tiene ocho pisos. La gente que está allá arriba [dijo señalando el edificio del Ajuntament] es rica».

En relación al problema que sufren las personas que recurren a las caravanas, la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, recordó en el pleno el caso de María y Ramón, cuya familia vivía en el parque de Son Malferit y fueron desahuciados a principios de este mes: «Primero los desahuciaron del parque y se tuvieron que ir a una caravana. Ahora ya ni eso. Y mientras, se ríen de su hijo en el colegio porque no tiene vivienda. Por eso no se quieren ir a un albergue».