J. FRANCISCO MESTRE28/05/99 0:00
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La alta funcionaria ya fue apartada de su cargo y sancionada con ocho meses de suspensión de empleo y sueldo por una serie de irregularidades, sanción que ya ha cumplido. Sin embargo, el Ajuntament decidió presentar una denuncia penal al descubrirse que la secretaria acudía por la tarde a la oficina, fuera del horario de trabajo, y supuestamente se dedicaba a realizar llamadas telefónicas a la isla caribeña, donde parece ser que tenía una amistad. Las llamas se hacían desde el Ajuntament de Bunyola y desde la oficina de la entidad local menor de Palmanyola. Estas supuestas irregularidades se tipifican en un delito de defraudación de fluido eléctrico y análogas.

La secretaria negó la acusación y afirmó que estaba sufriendo una persecución política. La funcionaria explicó que, además de secretaria, también actuaba de interventora, por lo que sería ilógico que se dedicara a realizar estas llamadas telefónicas cuando ella misma era la encargada de controlarlas. La acusada, a quien el Consistorio de Bunyola reclama 615.000 pesetas por los gastos telefónicos, apeló a la «deontología profesional» para indicar que ella era incapaz de cometer estas irregularidades. Insistió en que nunca había realizado llamadas telefónicas a Cuba, porque allí no tenía ninguna amistad especial, y que el teléfono era un instrumento que ella apenas utilizaba.